Según la convención, el uso sistemático de las desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad y las víctimas tienen derecho a reclamar una indemnización.

“Lejos de ser una reliquia trágica de las pasadas “guerras sucias” esta práctica vergonzosa persiste todavía en todos los continentes, dijo la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Louise Arbour, en la ceremonia de apertura.

Destacó que el tratado hace explícita la prohibición de las desapariciones, cerrando así la brecha en el derecho internacional.

“Ahora, la tarea es asegurar que la nueva Convención sea aplicada lo más pronto posible para hacer realidad la esperanza de las víctimas y sus familias de que se haga justicia y se satisfaga el derecho a conocer la verdad”, agregó Arbour.

La Convención insta a los Estados parte a asegurar que las desapariciones forzadas sean un delito en la legislación nacional y establece que su práctica sistemática es un crimen contra la humanidad.

El cuerpo que vigile el cumplimiento de este instrumento podrá recibir denuncias sobre casos individuales, y cuando sospeche que se están cometiendo de manera generalizada en el territorio de alguno de sus miembros, elevar el caso a la Asamblea General de la ONU.

La Convención necesita 20 ratificaciones para entrar en vigor.