“Es una tragedia para el pueblo de Nepal que los enfrentamientos armados puedan reanudarse ahora. No deben repetirse las violaciones de los derechos humanos y de las leyes humanitarias internacionales que se registraban durante las fases previas del conflicto”, dijo Arbour.

Aunque los líderes del Partido Comunista de Nepal han asegurado que respetarán estas leyes y derechos internacionales, la Alta Comisionada instó a los rebeldes y al gobierno a declarar públicamente que aceptan estos principios y a explicar a sus cuadros la responsabilidad de cumplir estos compromisos.

Agregó que cualquier violador de las garantías básicas del individuo, incluidos los altos mandos, debe responder ante la justicia.

La ley humanitaria internacional, aplicable en situaciones de conflicto, prohíbe el asesinato y la violencia contra personas que no sean parte activa de las hostilidades. “Le recuerdo al Partido Comunista de Nepal que esto incluye a los funcionarios de gobierno, las familias de las fuerzas de seguridad y las personas acusadas de ser informantes”, recalcó Arbour.

“Y le recuerdo a las fuerzas de seguridad del Estado que esto incluye a las personas desarmadas que se presuman maoístas o de las que se sospeche que han ayudado a los maoístas”, añadió.

Nepal forma parte de la Convención de Ginebra y de los tratados internacionales de derechos humanos.

Además, las leyes nepalíes prohíben los ataques a civiles así como los actos o amenazas de violencia cuyo objetivo sea aterrorizar a la población civil. Del mismo modo, ordenan la distinción entre objetivos civiles y objetivos militares.

Por último, la Alta Comisionada dijo que su personal en Nepal “observará cuidadosamente la conducta de ambas partes durante el periodo por venir”.