En Colombia, la violencia en las zonas de conflicto, en particular contra dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, la proliferación de grupos ilegales y el crecimiento de la economía de la coca, junto con la frustración y el temor que sienten los excombatientes y las comunidades rurales no dejan lugar a dudas de la magnitud de los problemas que aguardan al nuevo Gobierno.

Eso dice el informe trimestral del Secretario General de la ONU sobre el proceso de paz en Colombia, presentado este jueves ante el Consejo de Seguridad por su representante Jean Arnault.

Guterres asegura que, en medio de la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías jurídicas, políticas y de seguridad para quienes dejaron las armas, “la tarea que es necesario acometer ahora es la de consolidar la paz.

El informe coincide con la culminación de una etapa del proceso de paz de Colombia y el comienzo de otra, con la inauguración del nuevo Congreso la semana pasada y la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque el próximo 7 de agosto.

El presidente electo Duque declaró en su discurso de aceptación que su intención era unir al país y “pasar la página de la polarización”. En cuanto al proceso de paz, reafirmó las declaraciones hechas durante la campaña en el sentido de que su Gobierno no impugnaría el Acuerdo de Paz en su conjunto, pero que sí haría “correcciones” mediante un acuerdo nacional.

Según Arnault, la vicepresidencia actual y la Misión de Verificación de la ONU han desarrollado un buen método de trabajo hasta el momento.

"Estamos listos para adoptar el mismo enfoque colaborativo con la administración entrante del presidente electo Ivan Duque", dijo ante el Consejo. 

Guterres asegura que al igual que la mayoría de los colombianos, le preocupan profundamente los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, un problema que repuntó notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales.

En algunas regiones, como el departamento de Nariño y el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, esta situación ha dado lugar a un grado de violencia que no se veía desde el fin del conflicto.

El Secretario General resaltó la indignación y repudio de la sociedad colombiana contra esta ola de asesinatos y destacó la importancia del “pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales y defensores”, suscrito por el presidente Juan Manuel Santos, el presidente electo Iván Duque, las instituciones estatales más importantes y los partidos políticos.

"Es la primera vez que la violencia contra los líderes sociales se recibe con un sentimiento de indignación tan fuerte, expresado en las calles de Colombia y en las ciudades en el extranjero, en los pasillos de las instituciones nacionales y en todo el espectro político. En el contexto polarizado de una campaña electoral prolongada, en una sociedad a veces indiferente a los desarrollos en las zonas de conflicto, este consenso nacional contra los ataques a los líderes sociales es significativo", declaró Jean Arnault ante el Consejo de Seguridad. 

En el informe, Guterres asegura que el aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. "El nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas”, expresa.

Por otro lado, Jean Arnault, celebró que el partido político de las FARC haya llegado al nuevo Congreso, uno de los más diversos, plurales y representativos de la historia legislativa del país. 

"Si bien la participación de los representantes de las FARC en el Congreso es un paso importante, la reintegración en la vida civil de los ex miembros de las FARC-EP es un asunto pendiente", dijo. 

La duda continúa rodeando las garantías legales, políticas y de seguridad de aquellos que depusieron sus armas y Guterres espera que las instituciones hagan valer dichas garantías y proporcionen oportunidades económicas.

"Completar el trabajo iniciado por el Gobierno actual sin duda requerirá dedicación y recursos. Pero cumplir con las garantías dadas a aquellos que han dejado sus armas y se someten ahora a la difícil transición a la vida civil es esencial para Colombia, y también para que Colombia sea una fuente de motivación para las partes en conflictos en otras partes del mundo", declaró el representante especial de Guterres.

Arnault dijo además que el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz debía reconocerse a pesar de que las largas demoras en su establecimiento y la adopción de su marco normativo crearon en la opinión pública una "persistente sensación de que la verdad y la justicia estaban eclipsadas por el proceso político".

“Las primeras audiencias celebradas por la Jurisdicción los días 10 y 13 de julio en las que participaron un ex general del ejército y el ex Comando General de las FARC-EP fueron "extremadamente importantes para comenzar a disipar la percepción de impunidad. La búsqueda de rendición de cuentas a través de la Jurisdicción y la Comisión de la Verdad continuará siendo crítica para la legitimidad del proceso de paz",

El informe de Guterres destaca que en las zonas rurales los excombatientes, campesinos, soldados, agentes de policía, empresarios, dirigentes religiosos y víctimas, entre otros, están dejando de lado los enfrentamientos del pasado y propiciando las bases de un consenso nacional más amplio y los cimientos de la reconciliación en el país, e invitó a las autoridades, las instituciones, las fuerzas políticas y la sociedad civil a que se mantengan firmes en ese propósito.

"Haciendo eco al informe del Secretario General, hago un llamado al diálogo y la cooperación entre las nuevas autoridades locales del gobierno nacional, las organizaciones sociales y la sociedad civil en los territorios. Creemos que ese diálogo y esa cooperación son un requisito previo para el éxito”. 

El vicepresidente de Colombia Oscar Naranjo, también se hizo presente durante la reunión del Consejo de Seguridad, por última vez representando al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuyo mandato culmina el 7 de agosto. Naranjo aseguró que era sumamente importante “cuidar la paz”.

"Cuidar la paz significa cumplir lo pactado en el acuerdo, en el entendido que la palabra comprometida no es la de un Gobierno, sino la de un Estado en un conjunto y al mismo tiempo la sociedad en general".