La gestión de riesgos ante desastres no es una opción, es un compromiso global que “nos pertenece a todos y cada uno de nosotros”, afirmó este jueves en la Asamblea General la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed.

Durante una a reunión de alto nivel sobre el examen de mitad de período del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que ofrece a los Estados miembros una serie de acciones concretas para proteger los beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastres, Mohammed reconoció que los progresos hasta el momento “son débiles e insuficientes”.

“Lamentablemente, como consecuencia del incumplimiento de nuestros compromisos climáticos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general, los riesgos naturales que podrían haberse evitado se han cobrado cientos de miles de vidas y han forzado el desplazamiento involuntario de millones de personas, principalmente mujeres, niños y otros grupos vulnerables”, destacó.

Un desafío que se vio agravado por la aparición de la pandemia del COVID-19, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, al aumento del coste de la vida, la desigualdad y los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

Para superar este desafío, Mohammed indicó que se precisan “medidas integradas e intersectoriales que abarquen toda la Agenda 2030” y aumentar las actuaciones a escala local, nacional y regional.

“Es indispensable comprender y gestionar el riesgo de catástrofes y abordar las causas profundas y los factores de exposición como parte de enfoques integrados basados en el riesgo”, especificó.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El presidente de la Asamblea General recordó que la adopción del Marco de Sendai supuso la aprobación de un acuerdo “adelantado a su tiempo” pero admitió que, tras ocho años, “los avances no han ido a la par de la urgencia actual”.

Csaba Kőrösi destacó que el “número conocido” de personas afectadas por catástrofes se ha multiplicado por 80 desde 2015 e indicó que nuestros hábitos de consumo, producción, financiación y planificación “siguen sin estar en sintonía con la realidad de que los recursos de la naturaleza son finitos”.

Por ello, emplazó a “repensar y recalibrar” nuestros sistemas empezando por reconocer la responsabilidad humana en el cambio climático y continuado con el menosprecio de los costes medioambientales y de otro tipo que comportan nuestras acciones.

“Midamos la prosperidad con una herramienta que amplíe la lente del PIB, una que capte el verdadero coste del capital humano, social, natural y construido, los activos totales de una nación. Más allá del PIB, podemos dejar atrás los comportamientos extractivos y transaccionales y avanzar hacia modos de inclusión y solidaridad”, aseguró.

Avances desiguales

Por su parte, la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destacó un aumento significativo del número de países con estrategias nacionales para la reducción del riesgo de catástrofes y el crecimiento de los mecanismos de cooperación de ámbito regional y subregional, pero no a nivel local.

Mami Mizutori señaló avances dispares dependiendo de las regiones, ámbitos y niveles de ingresos e indicó que los desastres siguen afectando de manera desproporcionada a los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países africanos, así como a los países de renta media.

Para acelerar las acciones orientadas a la reducción de riesgos hasta 2030, instó a todos los Estados y partes interesadas a adoptar los llamados a la acción que se adoptaron en una declaración política aprobada tras su intervención.

Entre las medidas más importantes de la declaración, Mizutori destacó:

• Reforzar la disponibilidad de información sobre riesgos y la capacidad para aplicarla, y mejorar los mecanismos de intercambio entre sectores, ministerios, organizaciones y fronteras
• Reforzar la gestión de riesgos ante amenazas múltiples, de modo que la responsabilidad de la reducción de riesgos sea asumida por todas las instituciones del Estado", con el apoyo de marcos jurídicos y normativos y recursos adecuados, y con el compromiso y la colaboración de "toda la sociedad
• Integrar la reducción del riesgo de catástrofes en el trabajo de las autoridades financieras, incentivando y aumentando la inversión pública y privada, nacional e internacional, y colaborando con las instituciones financieras y del mercado de capitales para integrar mejor el riesgo de catástrofes en sus decisiones
• Mejorar los medios de ejecución y reforzar el desarrollo de capacidades, los recursos financieros, los datos y la tecnología y las asociaciones
• Integrar en los planes nacionales y locales de respuesta, recuperación y rehabilitación en caso de catástrofe disposiciones para mejorar la preparación, la recuperación y el tratamiento de los factores subyacentes del riesgo, y promover la inversión en mecanismos de alerta temprana frente a peligros múltiples