Libia tiene que adoptar medidas firmes para abordar las graves violaciones de derechos humanos

Vista de la plaza principal de Trípoli, en Libia.
ONU/Abel Kavangh
Vista de la plaza principal de Trípoli, en Libia.

Libia tiene que adoptar medidas firmes para abordar las graves violaciones de derechos humanos

Derechos humanos

Una misión de la ONU destaca que las familias de las víctimas que sufrieron violaciones de los derechos humanos “llevan demasiado tiempo esperando que se haga justicia”, y que las autoridades libias “deben compartir con ellos la información sobre sus seres queridos”.

Las autoridades libias deben adoptar medidas firmes para impartir justicia y compensar al gran número de víctimas que sufrieron violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, una situación que se vienen produciendo desde hace tiempo, indicó este domingo la Misión de Investigación Independiente de la ONU sobre Libia tras su última visita al país.

"Las familias de las víctimas llevan demasiado tiempo esperando que se haga justicia", declaró Mohammad Auajjar, presidente de la MIsión, de la que también forman parte los expertos en derechos humanos Tracy Robinson y Chaloka Beyani.

"Las autoridades libias deben compartir con ellos la información sobre sus seres queridos, reunirse con ellos y darles respuestas. El silencio es inaceptable", destacó Auajjar que también pidió repetidamente “respuestas sobre el estado de múltiples investigaciones relativas a graves violaciones de derechos humanos”, de las que no obtuvo “ninguna respuesta satisfactoria”

Los integrantes de la Misión se reunieron en Trípoli entre el 23 y el 26 de enero con víctimas y personas que las representaban que aportaron testimonios relacionados con ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, trata de personas, desplazamientos internos, existencia de fosas comunes y tanatorios con cadáveres a los que las familias no tienen acceso.

Muchas de estas personas se desplazaron desde las ciudades de Bengasi, Sirte, Murzuk, Sebha y Misrata para reunirse con los miembros de la misión en Trípoli. Sus integrantes tenían previsto ir a Sabha, pero las autoridades locales no lo permitieron a pesar de las reiteradas peticiones.

Normalización de las detenciones arbitrarias

Los expertos también lamentaron no haber podido reunirse con el fiscal general para obtener información sobre los numerosos casos expuestos por las víctimas que están bajo el mandato de su investigación.

"Las autoridades estatales con las que nos reunimos nos hablaron de sus esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho, pero estos esfuerzos no han logrado que se haga justicia para las víctimas y sus familias", dijo Robinson. " Cuando las víctimas hablaron con nosotros se pudo apreciar la profunda sensación de pérdida. Su ansioso deseo de justicia ha quedado insatisfecho, en muchos casos durante años".

Los especialistas también lamentaron que las autoridades no les facilitaran acceso a las prisiones y centros de detención de todo el país, a pesar de las reiteradas peticiones.

Con relación a este punto, Chaloka Beyani afirmó que "la detención arbitraria en Libia se ha generalizado como herramienta de represión y control político, lo que explica que miles de personas estén privadas de libertad, a menudo en malas condiciones, sin garantías procesales ni acceso a la justicia".

Durante las reuniones de los integrantes de la Misión con funcionarios libios, los expertos pidieron, al igual que otros expertos de la ONU, la liberación inmediata de Iftikhar Boudra, una mujer detenida en Bengasi hace cuatro años a raíz de unos comentarios críticos que hizo en las redes sociales sobre la militarización en Oriente. Boudra estaría gravemente enferma, y su familia afirma que no se le ha permitido visitarla desde hace ocho meses.

La Misión de Investigación Independiente de la ONU sobre Libia fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020 con el mandato de investigar las presuntas violaciones y abusos de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos en ese país desde 2016.