La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró este lunes su preocupación por la entrada en vigor el viernes pasado de una nueva ley en Nicaragua que acota “aún más” el funcionamiento de la sociedad civil.

Según la portavoz de la Oficina, Liz Throssell, la legislación, que en principio intenta prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ahonda en la represión del espacio cívico.

“Las disposiciones de la ley dificultan el registro de las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a solicitar la aprobación del gobierno para sus actividades, e imponen nuevos requisitos de información, como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios”, detalló.

La vocera destacó igualmente la imprecisión de la norma, agregando que no define exactamente en qué consiste la prohibición de “hacer proselitismo político y políticas partidarias”.

Posibles restricciones a la libertad de expresión y asociación

Throssell explicó que el decreto también se mueve en terrenos ambiguos al delimitar “una cuota máxima del 25% de “miembros” extranjeros para cualquier organización”, una situación que, en su opinión, “restringe gravemente” el derecho de las personas foráneas residentes en el país a gozar de la libertad de expresión y asociación.

“Tememos que estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el gobierno”, destacó.

Al mismo tiempo calificó como “todavía más preocupante” el hecho de que la legislación haya entrado en vigor la misma semana en que la Asamblea Nacional desposeyó de personalidad jurídica a 50 organizaciones de la sociedad civil por un “supuesto incumplimiento de otras disposiciones de la legislación nacional”. 

Desde el año 2018 se han cerrado al menos 209 organizaciones en Nicaragua, 137 de ellas durante el año en curso. Entre las agrupaciones afectadas se encuentran las principales oenegés nicaragüenses que luchan en favor de los derechos humanos, incluidas las que trabajan por los derechos de la mujer y las de los pueblos indígenas, y otras que se desempeñan en áreas de educación,y de desarrollo, así como asociaciones médicas. 

De igual modo se anuló la personalidad jurídica de al menos doce universidades, que actualmente están bajo el control gubernamental.

“Tal como recomienda la Alta Comisionada, es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente”, solicitó.

Por último, instó a las autoridades a devolver todos los bienes, documentos y equipos incautados de forma indebida.