El caso de un maestro indígena oaxaqueño activista de los derechos humanos que sufrió tortura y estuvo detenido más de un lustro llevó al Comité de la ONU contra la Tortura a urgir a México a no penalizar la defensa de las garantías fundamentales.

En una decisión publicada este martes, los expertos del Comité determinaron las violaciones sufridas por Damián Gallardo Martínez por el mero hecho de luchar por sus derechos y los de su pueblo.

“Damián Gallardo Martínez fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, aseveró ese órgano tras exponer ampliamente el desarrollo de los acontecimientos iniciados en 2013.

El ataque a Gallardo Martínez, docente y defensor de los pueblos indígenas y del derecho a la educación, respondió a su labor de años de promoción de la educación comunitaria en las comunidades indígenas del estado de Oaxaca.

La detención

Originario del pueblo indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitolteopec de la región Mixe, Gallardo Martínez participó en Oaxaca en 2013 en una serie de protestas organizadas por el sindicato de maestros. En mayo del mismo año, fue arrestado por siete policías que irrumpieron en su casa sin orden judicial.

Una vez detenido se le incomunicó y trasladó a un centro clandestino donde padeció golpizas de los policías para que diera información sobre otros activistas del derecho a la educación.

En su testimonio frente al Comité, Gallardo Martínez aseguró que sus victimarios lo amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, además de asesinar a sus padres. Luego, se le obligó a firmar una “confesión” en un papel en blanco que se usó para acusarlo de participación en el crimen organizado y del secuestro de dos jóvenes sobrinos de un importante empresario.

“Damián Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencerlo de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, señaló Peter Vedel Kessing, uno de los miembros del Comité.

Más adelante se le llevó a una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí permaneció hasta diciembre de 2018, cuando el Ministerio Público Federal solicitó el desistimiento del caso.

A lo largo de esos cinco años fue golpeado brutalmente, se le sometió a revisiones bucales y anales, se le privó del agua y el sueño y estuvo aislado 22 horas diarias.

La familia

Durante el mismo periodo, su padre se apostó en el Zócalo de la capital de Oaxaca para exigir justicia mientras que la familia entera sufría una estigmatización y acoso que la obligó a abandonar su comunidad.

Vedel Kessing sostuvo que los familiares directos de Gallardo Martínez también fueron víctimas dado “el impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el hostigamiento que enfrentaron”.

Debido a que sus denuncias de tortura no se investigaron en México, Gallardo Mártínez presentó el caso ante el Comité de la ONU en 2019.

El caso muestra un patrón

El Comité advirtió que el proceso penal iniciado contra Gallardo Martínez refleja un patrón de criminalización de las protestas sociales, por lo que urgió a México a tomar medidas para garantizar la no repetición, implicando esto que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no serán criminalizados por sus actividades legítimas a favor de esa causa.

El Comité también instó a México a que otorgue a Gallardo Martínez y a sus familiares una reparación integral, que les ofrezca una disculpa pública y que difunda la decisión del Comité, especialmente en el estado de Oaxaca.

El Comité contra la Tortura supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. El Comité tiene el mandato de considerar denuncias individuales en las que se aleguen violaciones de los derechos establecidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por Estados partes que han realizado la declaración de acuerdo al artículo 22 de la Convención.