El veto al Código Orgánico de Salud de Ecuador es “decepcionante”, dicen expertos en derechos humanos
Derechos humanos
El Código consta de unas 40 leyes que garantizan el acceso a la salud de forma universal, permanente, oportuna, eficaz, eficiente, de calidad e integral para todas las personas, y habría protegido ampliamente los derechos de las niñas y de los miembros de la comunidad LGBT, así como de otros grupos vulnerables.
La decisión del gobierno de Ecuador de vetar el nuevo Código Orgánico de Salud, aprobado en agosto por la Asamblea Nacional, es “decepcionante” e implica una oportunidad perdida para mejorar la legislación general sobre el derecho a la salud y avanzar en la igualdad de género, declaró un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos este miércoles.
En un comunicado, los relatores instaron a Ecuador a garantizar la igualdad de acceso a la atención a la salud para mujeres y niñas, así como para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, haciendo énfasis en la atención de la salud sexual y reproductiva.
Agregaron que la alta prevalencia de la violencia contra mujeres y niñas y la discriminación contra ciertos grupos, dentro y fuera del sistema sanitario, siguen presentando amenazas significativas en la realización del derecho a la salud en el país.
En el Código Orgánico de Salud que fue vetado habría reformado el actual marco legal sanitario. Su contenido incluye unas 40 leyes que garantizan el acceso a la salud de forma universal, permanente, oportuna, eficaz, eficiente, de calidad, e integral para todas las personas, en especial para los más vulnerables, como adultos mayores, minorías, personas con enfermedades crónicas, niños, adolescentes o personas privadas de la libertad.
UNICEF entrega un cargamento de suministros de salud para proteger del coronavirus a niños vulnerables en Quito, Ecuador
Un bloqueo para los derechos de las niñas y adolescentes
“Lagunas en la implementación de la legislación sanitaria actual llevan a menudo a que los proveedores de atención a la salud nieguen procedimientos confidenciales cuando una mujer o niña necesita recurrir a un aborto o anticoncepción de emergencia”, explicaron los expertos de la ONU.
Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, que resulta frecuentemente de la violencia de género, y el aborto es ilegal excepto en circunstancias muy limitadas. Según informes recibidos por los expertos, hay hasta 250 mujeres en prisión por haber solicitado un aborto o por haber interrumpido voluntariamente un embarazo.
“La violencia sexual sistémica combinada con un acceso mínimo a los servicios de salud sexual y reproductiva significa que las mujeres y niñas a menudo están expuestas a embarazos precoces, abortos inseguros y mortalidad materna”, agregaron los relatores, expertos independientes y miembros de Grupos de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos.
Un niño posa al frente de su hogar en Cayapas, Ecuador.
Protección perdida
Según los expertos, el proyecto de ley habría brindado mayor protección a las personas LGBT de las llamadas prácticas de 'terapia de conversión' y a los niños y niñas intersexuales de procedimientos médicamente innecesarios.
“Ecuador debe promover el derecho a la salud abordando temas clave como la violencia de género y la discriminación, mientras invierte en un sistema de salud sostenible”, dijeron.
La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, y el anterior relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pūras, realizaron visitas separadas a Ecuador en 2019 por invitación del gobierno.
Sus informes habían alentado a la adopción del Código Orgánico de la Salud de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.