Un equipo de tres miembros de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU visitará Ecuador del 20 de octubre al 8 de noviembre para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país en el contexto de las recientes protestas.

La portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani , dijo en Ginebra que la misión se llevará a cabo por invitación del Gobierno del país sudamericano.

Durante su visita, el equipo de expertos  se reunirá con funcionarios gubernamentales, líderes indígenas, representantes de la sociedad civil, periodistas y otras partes interesadas para recopilar información de primera mano sobre las circunstancias que condujeron a las situaciones de violencia que se extendieron por todo el país a partir del 3 de octubre.

La misión se produce después de que la Oficina haya recibido denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del estado, así como informes de delitos cometidos por terceros.

La ONU ha pedido “a las autoridades conducir investigaciones rápidas, efectivas, transparentes, independientes e imparciales sobre todas las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en el contexto de las protestas”, indicó la portavoz.

Preocupación por los detenidos

La Oficina de Derechos Humanos, cuya titular es Michelle Bachelet, también se muestra preocupada por los informes de arrestos en Ecuador, incluidos actores políticos y funcionarios electos, en relación con las recientes protestas en el país.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen el pleno respeto de las garantías del debido proceso y las inmunidades pertinentes”, aseguró Shamdasani.

Por otro lado, la Oficina da la bienvenida a la voluntad de todas las partes de entablar un diálogo significativo y alienta al Gobierno del Ecuador y a las organizaciones indígenas a continuar trabajando hacia una solución pacífica a los desafíos apremiantes que enfrenta el país.

A principios de mes, un decreto del Gobierno de Lenin Moreno que retiraba el subsidio a los combustibles desencadenó una serie de protestas sociales. Los líderes indígenas pidieron que se dejara sin efecto tal medida.

Tras poco más de una semana de protestas, el Gobierno y los líderes indígenas llegaron a un acuerdo por el que se derogó el decreto en un diálogo facilitado por la ONU y la Conferencia Episcopal.