La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó este viernes el acuerdo alcanzado en el Senado de la República sobre los cambios constitucionales para la creación de una Guardia Nacional, uno de los ocho puntos del Plan Nacional de Paz y Seguridad del nuevo gobierno.

La polémica suscitada con el proyecto de establecer una Guardia Nacional para enfrentar los problemas de violencia en México encontró un consenso el jueves en el Senado del país, luego de una apertura que permitió escuchar e integrar las voces no sólo de los legisladores, sino de diversos actores políticos, sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales.

El punto álgido desde la presentación del Plan de Seguridad Nacional fue el carácter militarizado de la Guardia Nacional y la falta de un plazo para su operación.

El nuevo acuerdo mantiene el componente militar, pero bajo un mando civil y le da un sentido de temporalidad, toda vez que en cinco años los militares deberán salir de la Guardia y regresar a sus cuarteles. Además, el nuevo cuerpo de seguridad rendirá cuentas al Senado.

En un comunicado, la Oficina de Derechos Humanos señaló que desde el inicio del proceso legislativo compartió su preocupación por el carácter militarizado de la propuesta sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Además, la ONU-DH tuvo la oportunidad de promover de manera constructiva alternativas de solución.

Incorporación de elementos de control

“La versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas por la Oficina y otros actores relevantes,” dijo Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.

Jarab destacó que se hayan eliminado algunos componentes que atentaban contra la esencia civil de la Guardia Nacional, se haya fortalecido el mando civil y se hayan incorporado elementos de control de carácter democrático.

Agregó que la colocación de componentes del orden militar sólo en los artículos transitorios del texto preserva la integridad del texto constitucional permanente y atenúa los riesgos de la propuesta original.

“Aun así, dicho régimen de transitoriedad deberá sujetarse, en los hechos, a estrictos mecanismos de supervisión de naturaleza civil que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y su detección cuando éstas ocurran, así como su investigación y sanción adecuadas”, advirtió.

La versión adoptada por el Senado elimina algunos de los principales puntos de preocupación

La minuta aprobada por el Senado respeta el carácter excepcional, restringido y limitado de la jurisdicción militar al no modificar al artículo 13 de la Constitución. De igual forma, la Oficina saluda que se haya garantizado la imposibilidad de privar a personas de la libertad en instalaciones militares y que toda persona detenida deberá ser puesta a disposición de la autoridad “civil”. Ambos temas fueron desde el inicio dos de las prioridades sustantivas de la ONU-DH.

Por otra parte, la Oficina consideró positivo que la nueva versión incluya la generación de dos marcos normativos de alcance nacional sobre uso de la fuerza y registro de personas detenidas que incorporan las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

“El hecho de que las y los integrantes del Senado hayan materializado un consenso que hace días parecía inalcanzable en un tema tan sensible y relevante para el pueblo de México es en sí mismo digno de reconocimiento. La voluntad de diálogo y la disposición de construir colectivamente y en pluralidad son métodos propios de toda sociedad madura que aspira a procesar sus diferencias de forma reflexiva por la vía democrática”, enfatizó Jarab.  

La Oficina subrayó las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas en materia de seguridad y derechos humanos y de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de los organismos públicos de derechos humanos. “Su papel ha sido determinante para enriquecer la deliberación en el Congreso. La ONU-DH anima al Estado mexicano a mantener el espíritu de apertura y participación cívica que ha permitido la consecución de este acuerdo en futuros procesos.”

“De implementarse correctamente la reforma constitucional, en estricto apego a los derechos humanos y preservando el carácter civil de las corporaciones de seguridad, se iniciaría un camino para superar el paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas que le son impropias,” concluyó Jan Jarab.

La ONU-DH llamó a la Cámara de Diputados a aprobar los cambios positivos adoptados por el Senado de la República y refrendó su plena disposición para seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano en la construcción de una política de seguridad ciudadana y de brindar su asistencia y colaboración técnicas en la elaboración de las leyes que se derivarán de la reforma y en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública.

Bachelet visita México

Por su parte, el portavoz en Ginebra de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, confirmó que, por invitación del gobierno, la Alta Comisionada Michelle Bachelet visitará el país a principios de abril para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con otros funcionarios gubernamentales y con representantes de la sociedad civil.

Mientras tanto, en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet se encontrará la semana próxima en Ginebra con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y con la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado.

“Somos optimistas y creemos que seguiremos encontrando denominadores comunes en los esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos en el país”, concluyó el portavoz.