La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su preocupación por la redada que perpetraron este jueves agentes del Ministerio del Interior de Nicaragua en las oficinas de la coalición Red Nicaragüense para la Democracia y Desarrollo.

Aparentemente, la redada en las dependencias de la ONG, conocida popularmente como “Red Local”, se habría producido sin la correspondiente orden judicial, tal y como marca la ley.

Igualmente, se habrían incautado bienes y documentos de esta coalición formada por 22 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todo el país.

De acuerdo a la información recibida por la Oficina, dos miembros de la ONG fueron detenidos durante unas horas y puestos en libertad posteriormente.

La Oficina de la Alta Comisionada destacó el trabajo “crucial” que lleva a cabo Red Local y resaltó la necesidad de que pueda trabajar “sin temor a ser acosados ​​por las autoridades”.

Del mismo modo, exhortó a las autoridades nicaragüenses a permitir que la sociedad civil pueda trabajar “libremente” y continuar “su cooperación con las instituciones y los mecanismos de las Naciones Unidas sin sufrir represalias”.

Violación de la libertad de expresión

El asalto a las dependencias de la ONG se produjo seis días después de la reunión que mantuvo la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, con miembros de una delegación de la sociedad civil nicaragüense, de la que formaban parte algunos afiliados de Red Local.

“El acoso a las organizaciones de la sociedad civil constituye una violación de los derechos a la libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación”, destaca la Oficina de la Alta Comisionada que también recordó que la redada del jueves se enmarca en una serie de acciones gubernamentales dirigidas contra organizaciones de la sociedad civil críticas con el Gobierno.

Entre ellas se cuenta la cancelación de la personalidad jurídica de nueve ONGs entre noviembre y diciembre del año pasado, la redada contra medios de comunicación y arrestos de periodistas acusados de delitos asociados con terrorismo. 

En diciembre pasado, Bachelet alertó de que la sociedad civil nicaragüense “está en peligro de ser completamente desarticulada”.