La ONU celebra el nuevo acuerdo de paz alcanzado en la República Centroafricana
Paz y seguridad
Con el apoyo de las Naciones Unidas, el Gobierno centroafricano llegó a un acuerdo este sábado con más de una decena de grupos armados para terminar con las hostilidades que han sumido al país en la violencia desde 2013.
Después de 10 días de negociaciones, el gobierno de la República Centroafricana y 14 grupos armados llegaron a un acuerdo de paz el sábado, informó la Misión de las Naciones Unidas en ese país (MINUSCA).
"Movilicémonos para apoyar la implementación de este acuerdo de paz", expresó en su twitter oficial Jean-Pierre Lacroix, el jefe de las operaciones de paz en la ONU, una vez se concluyeron las conversaciones en la capital sudanesa de Jartum.
El acuerdo fue posible gracias a la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana, liderada por la Unión Africana (UA) y con el apoyo de la ONU.
"Este es un gran día para el pueblo de la República Centroafricana", expresó Smail Chergui, el comisionado de la UA para la Paz y la Seguridad, destacando que hubo una cooperación “ejemplar” de las partes durante las conversaciones en Jartum.
El secretario general adjunto de operaciones de mantenimiento de la paz, Jean-Pierre Lacroix (centro-izq.), y el comisionado de la Unión Africana para la Paz y la Seguridad, Smail Chergui (centro-dcha), en Jartum.
Por su parte el Gobierno centroafricano expresó que está decidido a responder a las preocupaciones de aquellos “hermanos que tomaron las armas”, y que el acuerdo permitirá a su pueblo a emprender el camino de la reconciliación y el desarrollo.
“El acuerdo será iniciado el domingo, y su firma tendrá lugar en Bangui en los próximos días”, expresaron las autoridades en un tweet.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 2,9 millones de personas, más de la mitad niños, necesitarán asistencia humanitaria y de protección en el país africano durante 2019. Se trata de más del 63% de la población total.
La Misión de la ONU comenzó a operar en 2014 en respuesta a la crisis de seguridad, humanitaria, de derechos humanos y política dentro del país y sus implicaciones para la región. Desde 2013, cuando estalló el conflicto, alrededor de un millón de personas han sido desplazadas y miles han perdido la vida.