Una relatora especial de los derechos humanos de las Naciones Unidas se encuentra dentro las cuatro personas que un tribunal en Filipinas removió de una lista de personas que el Gobierno quiere declarar "terroristas", citando la falta de una justificación para su inclusión.

Expertos en derechos humanos de la ONU han acogido favorablemente el fallo, pero le piden al gobierno del presidente Rodrigo Duterte que saque de la lista a otros defensores de los derechos humanos.  

El hecho de que un oficial en funciones de la ONU haya sido objeto de un ataque tan inaceptable es motivo de gran preocupación.

En marzo, el departamento de justicia de Filipinas solicitó a una corte que declarara a 600 supuestos comunistas como "terroristas", incluyendo a la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz. 

El Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila dictaminó que el Gobierno no tenía motivos suficientes para declarar terroristas a Tauli-Corpuz, al abogado de derechos humanos José Molintas, al ex legislador Satur Ocampo y al líder rebelde Rafael Baylosis, quien fue liberado de la cárcel para unirse a las conversaciones de paz.

"Si bien celebramos esta decisión, seguimos profundamente preocupados por el continuo nombramiento de muchos otros, incluidos los defensores de los derechos humanos, en la petición, ya que esto los etiqueta como terroristas", dijeron los expertos de la ONU.

La llamada lista “terrorista” en Filipinas ha generado críticas de la comunidad internacional. Por eso se considera que la inclusión de Tauli-Corpuz fue en represalia por los comentarios públicos que había hecho sobre Filipinas desde su cargo de relatora especial.

"El hecho de que un oficial en funciones de la ONU haya sido objeto de un ataque tan inaceptable es motivo de gran preocupación", dijo Dainius Pūras, presidente del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales.

"A lo largo de los años, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos han nombrado expertos independientes para evaluar la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Por lo tanto, estos Estados miembros tienen la responsabilidad correspondiente de garantizar y respetar la autoridad y la legitimidad de los expertos de la ONU, y garantizar que puedan cumplir sus mandatos de manera segura y sin trabas, sin ninguna intimidación ", enfatizó.

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, dijo: "La inclusión de los defensores de los derechos humanos, entre ellos los pueblos indígenas, en la lista del Gobierno equivale a intimidar y hostigar a las personas que defienden pacíficamente sus derechos.

"Eliminar algunos nombres de alto perfil de la lista no nos hará dejar de llamar la atención sobre la situación de los demás, cuya seguridad e integridad física aún está bajo una inmensa presión", agregó.

Ambos expertos de la ONU instan al Gobierno de Filipinas a respetar no solo la orden judicial, sino también a eliminar a todos los defensores de los derechos humanos de la lista de "terroristas" y, de manera más general, a crear un entorno que les permita continuar su trabajo legítimo de defender los derechos sin represalias ni miedo.