Un comunicado conjunto de ocho relatores especiales condenó enérgicamente los actos de violencia, represión y acoso, y exhortó al Estado a proteger a sus ciudadanos y garantizarles sus derechos. 

"Estamos profundamente preocupados por la violencia sostenida en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018. Hay que encontrar un camino inmediato y coherente a través de un diálogo político genuino como primer paso para aplacar la situación y poner fin a la crisis", apuntaron.

Los expertos se refirieron a las recomendaciones elaboradas por una delegación de la Comisión Interamericana de derechos humanos que visitó el país en mayo pasado e instaron al Gobierno nicaragüense a cumplir con ellas, en vista de que fueron aceptadas.

La violencia y el hostigamiento no han cesado

Reconocieron que ha habido algunos avances en la dirección correcta, pero reiteraron su consternación por la represión y el uso de la fuerza excesiva e indiscriminada por parte de la policía antimotines y en general de todas las fuerzas del Estado, así como de los grupos armados progubernamentales. Esa violencia no ha cesado, señalaron, lo que ha provocado numerosos muertos y heridos.

Además, se han producido presuntas detenciones arbitrarias, cierres y ataque cibernéticos a varios medios de comunicación y ataques a algunas universidades, denunciaron.

Destacaron también las amenazas e intimidaciones contra periodistas, estudiantes, sacerdotes y manifestantes, así como contra defensores de derechos humanos y otros activistas que apoyan las protestas y llamaron al Gobierno a garantizar que puedan desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad.

Del mismo modo, repudiaron el hostigamiento y represalias contra los trabajadores de salud que atienden a los heridos en las manifestaciones. 

Investigaciones imparciales

"Hacemos un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que respete sus obligaciones de derechos humanos y lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las presuntas violaciones, y para enjuiciar y sancionar a los responsables", apuntaron los expertos.

Finalmente, solicitaron a las autoridades del país permitir la visita de los relatores y autorizar una misión de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

*Los expertos firmanes del comunicado son: Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica a asociación; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Dainius Pῡras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación.

Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Más información aquí.