La hermana del desaparecido, Emma Guadalupe, había sido detenida en un puesto de control el 27 de septiembre de 1981 y trasladada al cuartel Manuel Lisandro Barillas, en la ciudad de Quetzaltenango, al suroeste del país. Mientras estuvo en cautividad, fue interrogada, sufrió torturas, violencia sexual y otros tratos degradantes. El 5 de octubre, consiguió escapar, pero, un día más tarde, un grupo de individuos montados en un vehículo gubernamental tomaron a su hermano por la fuerza y, todavía hoy, se desconoce su paradero.

Casi cuarenta años más tarde, el Tribunal de Alto Riesgo C ha dictado penas de entre 33 y 58 años a cuatro altos cargos militares por haber cometido crímenes contra la humanidad y delitos de violencia sexual y desaparición forzosa.

“Rindo homenaje a la familia Molina Theissen por su valentía y su perseverancia a la hora de luchar, durante más de tres décadas, por la justicia y la verdad”, señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Combatir la impunidad

La decisión judicial reconoce que la violencia sexual, la tortura y las desapariciones forzadas formaban parte de la estrategia militar seguida durante el denominado conflicto interno que vivió el país entre 1960 y 1996. Además, establece que los delitos pasados que implican violaciones de derechos humanos no están sujetos a límites temporales ni pueden ser objeto de amnistía.

“Esto constituye una sentencia histórica para Guatemala y más allá en los que se refiere a la investigación, persecución y castigo de las serias violaciones de derechos humanos cometidas por altos cargos miliares durante conflictos armados”, indicó Zeid.

El representante ha declarado que el fallo muestra que Guatemala todavía puede avanzar en la lucha contra la impunidad del pasado, lo que fortalece el combate contra este flagelo en el presente y la consolidación del Estado de derecho.

“Aliento a las autoridades a garantizar que las víctimas se benefician de una aplicación efectiva de medidas de reparación efectivas e integrales, incluida la no repetición de estas serias violaciones de derechos humanos en el país”, expresó el Alto Comisionado. “Será también necesario tomar medidas para saber dónde se encuentra Marco Antonio Molina Theissen e identificar sus restos”.

Promover la ley y hacer justicia

La Oficina de Derechos Humanos de Guatemala ha seguido el proceso judicial del caso Molina Theissen para asegurar el acceso a la justicia, así como las garantías de dicho proceso. El Alto Comisionado ha indicado que la Oficina siempre ha estado dispuesta apoyar los esfuerzos del Estado en la lucha contra la impunidad y para que las víctimas y sus familias tengan justicia.

Zeid ha pedido al Estado que realice las reformas necesarias para que el sistema judicial sea sólido y funcione de forma independiente. Asimismo, ha solicitado que se garantice la seguridad e integridad de las víctimas, demandante, jueces, fiscales, abogados, testigos y todos aquellos que han participado y apoyado el proceso.