Dos expertos de la ONU en derechos humanos instaron al gobierno de Estados Unidos a detener la ejecución Doyle Hamm, un preso gravemente enfermo de cáncer, ya que dado su estado de salud el uso de la inyección letal podría constituir tortura.

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, y sobre la tortura, Nils Melzer, expresaron su preocupación ante la situación Hamm, cuya ejecución fue planeada para el próximo 22 de febrero aun cuando existe la posibilidad de que no haya recibido un juicio justo.

Debido a su enfermedad, los profesionales médicos han tenido dificultades para acceder a sus venas, aseguran los expertos.

"Estamos seriamente preocupados de que los intentos de insertar las agujas de la inyección letal en las venas del Hamm puedan causar dolor y sufrimiento que pueden equivaler a tortura", señalaron los relatores.

Explicaron que los jueces han ordenado que se entregue un informe médico antes del 20 de febrero, dos días antes de la ejecución de la pena capital.

Estamos seriamente preocupados de que los intentos de insertar las agujas de la inyección letal en las venas del Hamm puedan causar dolor y sufrimiento que pueden equivaler a tortura.

"Instamos a las autoridades a detener la ejecución, anular su sentencia de muerte y llevar a cabo un nuevo juicio que cumpla con los estándares internacionales, ya que hemos recibido información que indica que su juicio original no respetó por completo el debido proceso más estricto y garantías de juicio justo ", agregaron.

Los expertos aseguraron además que el método de ejecución en Alabama podría también tener efectos tortuosos, ya que el sedante utilizado es incapaz de mantener inconsciente a un convicto mientras experimenta los efectos de sustancias mortales que “probablemente causan un dolor insoportable”.

Callamard y Mielzer declararon haber enviado directamente al gobierno de los Estados Unidos sus preocupaciones por escrito respecto al caso.

El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo.