Los expertos condenaron la respuesta de las autoridades egipcias a las manifestaciones durante los últimos dos años y se refirieron en particular al 15 y 25 de abril pasados, cuando los cuerpos de seguridad hicieron uso de la fuerza y emplearon gases lacrimógenos para dispersar las protestas que se registraron en diferentes puntos del país.

En esas ocasiones, más de 380 manifestantes, periodistas y activistas de derechos humanos fueron arrestados y la policía detenía a los peatones en El Cairo para revisar sus cuentas en las redes sociales en busca de “publicaciones o incitaciones contra el gobierno”.

Los expertos criticaron también el asalto por las fuerzas públicas a las oficinas del Sindicato de Periodistas Egipcios, ocurrido el 1 de mayo.

Los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye; a la libertad de asamblea, Maina Kiai; y sobre los activistas de derechos humanos, Michel Forst, emitieron un comunicado conjunto en el que alertaron del empeoramiento de las libertades básicas y afirmaron que se trata de un retroceso para el entorno política y la sociedad civil.

“El uso de la fuerza contra los ciudadanos y contra el derechos a disentir en temas políticos no permite la promoción y protección de las garantías fundamentales, una condición esencial para lograr sociedades democráticas”, apuntaron.

Agregaron que la seguridad nacional no debe usarse como pretexto para acosar a los periodistas, abogados y activistas, ni para prohibir la oposición política.

Finalmente, los relatores instaron una vez más al gobierno de Egipto a permitir el libre ejercicio de los derechos humanos de la población.