Los expertos en derechos humanos consideran que el anuncio de miembros del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones económicas, retirar visas e incluso juzgar a los jueces y fiscales del tribunal de La Haya que investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán constituye una injerencia indebida en la independencia de la Corte.