La situación de violencia e inseguridad crónica ligada a las restricciones por la COVID-19 ponen en riesgo y agravan las condiciones de vida de decenas de miles de personas en el norte de América Central.
Este martes se dio la primera de cuatro reuniones de un panel de las Naciones Unidas conformado por expertos internacionales que está encargado de aumentar la conciencia mundial y encontrar soluciones concretas a largo plazo para el grave problema del desplazamiento dentro de los países.
La nueva legislación de El Salvador para ayudar a las personas internamente desplazadas por la violencia beneficiará a decenas de miles de ciudadanos que han sido forzados a huir de sus hogares por las pandillas y el crimen organizado, aseguró la
La Agencia de la ONU para los Refugiados dio la bienvenida a una nueva legislación aprobada en el país centroamericano que proporcionará ayuda humanitaria y acceso a la justicia a aquellos que lo han perdido todo por la violencia de las pandillas y del crimen organizado.
La cifra de personas desplazadas por la guerra y la persecución se ha duplicado en los últimos veinte años, una experta de la ONU dice que Arabia Saudita planificó y coordinó la ejecución extrajudicial de Khashoggi, y el Secretario General
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Brunei que detenga la entrada en vigor del nuevo Código Penal del país que permitiría los latigazos y la lapidación por mantener rela
UNICEF exhorta a los gobiernos participantes en la próxima reunión de la Unión Africana a poner en práctica políticas y programas destinados a proteger, empoderar e invertir en los niños desarraigados.
Más de 600.000 personas han huido de la ola de violencia. Muchos de ellos cuentan que han sido testigos y víctimas de ataques a sus aldeas, asesinatos, secuestros y violaciones.
Desde el 19 de enero, al menos 822 personas (461 adultos y 361 niños, niñas y adolescentes) han sido desplazados a la fuerza en varias veredas del Bajo Cauca, en Antioquia, Colombia.
Más de ochocientas personas, casi la mitad niños, han sido forzadas por grupos armados a dejar sus hogares en varias zonas del Bajo Cauca en Antioquia. La ONU pidió al gobierno garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
