asesinatos

Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia.

Ante el elevado número de asesinatos, que va en una espiral ascendente en los últimos años, la Oficina de Derechos Humanos pide al Gobierno de Colombia que haga un esfuerzo contundente para prevenir los ataques contra quienes defienden los derechos fundamentales, principalmente de indígenas, afrodescendientes y mujeres.

Más de 24.000 niños fueron asesinados o mutilados en conflictos durante el 2018, el ébola amenaza la vida de los más pequeños en la República Democrática del Congo y el grupo coreano BTS se une a UNICEF para promover la amabilidad y la amistad en la escuelas. 

El número de personas muertas por la delincuencia y la violencia de género supera con creces al de las víctimas fatales de las guerras y los conflictos, reveló un nuevo estudio de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que busca ayudar a elaborar estrategias que prevengan esos asesinatos.  De acuerdo con el estudio una de las regiones más peligrosas fue Centroamérica.

La Oficina de Derechos Humanos está “alarmada” por el alto número de defensores y activistas asesinados, intimidados y amenazados en Colombia y porque la situación está empeorando. Expertos en derechos humanos han condenado la falta de avances significativos en la investigación de la desaparición del abogado y defensor de derechos humanos Ernesto Sernas García en el estado de Oaxaca, en el sur de México, un año después de su desaparición.

En los primeros cuatro meses de este año, actores de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado al menos 51 asesinatos entre los que se encuentran líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pide al Gobierno colombiano redoblar sus acciones para protegerlos.