Tras visitar el país, un experto independiente señala que la creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de verse afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas.

Los casos abarcan desde activistas que sufren detención y penas de prisión, hasta el acoso cibernético y las campañas de difamación especialmente las dirigidas contra mujeres y lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluso por sus propias comunidades.

En los primeros cuatro meses de este año, actores de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado al menos 51 asesinatos entre los que se encuentran líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pide al Gobierno colombiano redoblar sus acciones para protegerlos.

En muchos países, las mujeres que se atreven a defender los derechos humanos son estigmatizadas y llamadas malas madres, terroristas o brujas. Son silenciadas y marginadas de la toma de decisiones e incluso pueden ser asesinadas, ha advertido un relator especial de la ONU.