Expertos de la ONU piden a España investigar el supuesto programa de espionaje contra los líderes catalanes
Derechos humanos
Tres relatores de derechos humanos están preocupados por el alcance y la sofisticación del programa de espionaje denunciado, su larga duración, la injerencia en la vida privada y la posibilidad de que lleven a la autocensura.
Las autoridades españolas deben investigar a fondo la presunta utilización de los programas espía Pegasus y Candiru “para atacar a figuras públicas y activistas catalanes en España tras la campaña de independencia de 2017”, dijeron este jueves tres expertos* en derechos humanos de la ONU en un comunicado.
Entre 2017 y 2020, los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas fueron “objeto de un programa de espionaje complejo y sofisticado”, dijeron los relatores**.
“Tras el referéndum por la independencia de Cataluña en 2017, las autoridades españolas arrestaron a los líderes del movimiento independentista catalán por cargos de sedición”, explicaron.
Según el Grupo NSO, empresa israelí propietaria de Pegasus, el programa espía se vendió a los gobiernos como una herramienta para hacer cumplir la ley. El Centro Nacional de Inteligencia de España sería uno de los clientes del Grupo NSO, según las alegaciones.
Posible autocensura
Los expertos de la ONU se dijeron estar particularmente preocupados por el hecho que se usara durante un largo período de tiempo.
También les preocupa que el uso generalizado de este tipo de programas de espionaje pueda conducir a una mayor autocensura, que tendría un efecto paralizador en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.
Recordaron que las minorías están específicamente protegidas por las normas internacionales y europeas de derechos humanos, y estos programas pueden constituir una grave violación de estas normas.
Además, les preocupa la injerencia en la privacidad de la correspondencia y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Los expertos dijeron que, según las alegaciones, muchas víctimas fueron atacadas a través de mensajes de texto diseñados para engañarlas e incluían notificaciones oficiales altamente personalizadas de las entidades gubernamentales españolas.
Los expertos ponen como ejemplo un mensaje que incluía el número de identificación fiscal oficial real de uno de los perjudicados, “lo que sugiere que los atacantes tenían acceso a esta información”.
Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España
Moratoria de los programas de espionaje
En una carta fechada el 24 de octubre de 2022, los expertos se pusieron en contacto sobre este asunto con el Gobierno de España, que respondió el 22 de diciembre de 2022, informando que las investigaciones estaban en curso y no podían pronunciarse sobre casos pendientes de investigación judicial.
Tras llevar a cabo las investigaciones, las autoridades deben publicar los resultados y detener cualquier injerencia ilegal en los derechos fundamentales de los activistas catalanes, dijeron los expertos.
En el comunicado, los relatores reiteran su llamado a una moratoria global sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia, hasta que se garantice su uso de conformidad con los derechos humanos e instan a España a sumarse a esta moratoria global.
*Los expertos son: Fernand de Varennes, relator Especial sobre Cuestiones de las Minorías; Clément Nyaletsossi Voule, relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Irene Kahn, relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título personal.