ONU Derechos Humanos: Venezuela debe “dar pasos significativos” en la reforma de los sectores de justicia y seguridad

En una visita a la nación sudamericana, el máximo responsable de la ONU en materia de derechos humanos percibió “que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma”.
Tras “conversaciones francas”, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alentó este sábado a las autoridades venezolanas “a dar pasos significativos en la reforma de los sectores de justicia y seguridad”.
En rueda de prensa tras finalizar una vista de tres días a Venezuela, Volker Türk también les instó “a tomar la iniciativa para generar confianza entre las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas, incluirlas de forma significativa en el diálogo y responder a su difícil situación, en particular de las víctimas”.
“Tras mi reunión con el presidente Maduro, expresó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esta es un área clave para la reforma y ofrezco el apoyo y la experiencia de mi Oficina para llevarla a cabo”, afirmó.
Al mismo tiempo, añadió que, en base a sus conversaciones, percibió “que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma”.
Durante su estancia en Venezuela, el Alto Comisionado tuvo la oportunidad de conversar con personas detenidas arbitrariamente y torturadas, y con familiares de personas asesinados en operaciones de seguridad y manifestaciones. Durante sus encuentros con el presidente Maduro y sus ministros, Türk pidió la liberación inmediata de los arrestados arbitrariamente.
Asimismo, les planteó otras cuestiones como “el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva y la necesidad de (emprender) reformas relacionadas con las personas privadas de libertad” y consiguió el compromiso de “que las denuncias de tortura se abordarían con decisión, se investigarían a fondo y los responsables serían llevados ante la justicia”
Del mismo modo, alentó a las autoridades a tomar medidas firmes para acabar con la tortura, y les instó a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el Acuerdo Regional Latinoamericano y del Caribe sobre medio ambiente, el Acuerdo de Escazú.
La sociedad civil informó a Türk sobre la situación de las prisiones y la falta de alimentación, de medicinas adecuadas y de acceso a asistencia sanitaria adecuada. Tras sus conversaciones con las autoridades, el Alto Comisionado confió en que próximamente se concederá a su equipo un “acceso sin restricciones a todos los centros de detención dentro del país”.
Del mismo modo, aplaudió el compromiso de las autoridades a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo.
Durante los encuentros que mantuvo con la sociedad civil, sindicalistas y jubilados conoció de primera mano los problemas económicos a los que se enfrenta Venezuela, incluidos los relacionados “con el salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas, al restringir el disfrute de sus derechos a la alimentación, el agua, la atención sanitaria, la educación y otros derechos económicos y sociales”.
En el transcurso de sus reuniones con agentes humanitarios y las agencias de la ONU se le comunicó el impacto que provocan las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia de Covid-19.
“Las personas que conocí describieron su lucha por conseguir productos básicos y esenciales para mantener sus medios de vida, la imposibilidad de encontrar medicinas que sus seres queridos tanto necesitan y el impacto mental, la ansiedad y la depresión en que caen al tener que endeudarse cada vez más para sobrevivir”, detalló.
En consecuencia, indicó que, aunque los orígenes de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, “es evidente que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos”.