La nueva ley de Honduras sobre desplazamiento atiende una amplia gama de necesidades, destaca ACNUR
Migrantes y refugiados
La violencia ha desarraigado a casi 250.000 personas en ese país. Una nueva legislación contempla su protección frente a lastres como el reclutamiento forzado y la explotación infantil, además de su reintegración a la educación y los programas de salud. El máximo funcionario para los refugiados aplaude la normativa como un paso para devolverle la dignidad y los derechos a los desplazados.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó esta semana la “Ley de prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente”, que establece la base para atender las consecuencias que sufren las personas que se han visto obligadas a abandonar sus comunidades y para prevenir nuevos desarraigos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) acogió con beneplácito la aprobación y afirmó que “marca un hito al establecer un marco legal esencial para responder a la compleja situación de miles de personas desplazadas por la fuerza” en Honduras, donde la violencia ha provocado el desplazamiento de más de 247.000 personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% niños y adolescentes.
La legislación crea un marco institucional y establece mecanismos de prevención y protección a la población desplazada de amenazas como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales y la explotación infantil.
Devolverles su dignidad, esperanzas y derechos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados visitó el país centroamericano la semana pasada y se reunió con el presidente del Congreso Nacional para hablar sobre la situación humanitaria de los desplazados, discutir sus necesidades y subrayar la importancia de que fuera aprobado el entonces proyecto de ley.
Durante esa misión oficial, Filippo Grandi también escuchó las experiencias trágicas de los desplazados que han perdido todo y ahora precisan de asistencia y protección.
“Esta ley sobre desplazamiento interno es un paso muy necesario para devolverles su dignidad, esperanzas y derechos. Ahora que se ha aprobado, animo a las autoridades a implementarla con prontitud”, dijo Grandi.
Enfoque integral
En un comunicado, ACNUR recalcó el alcance de la nueva normativa, que busca abordar las necesidades de los desplazados y el fenómeno de los desarraigos masivos de una manera integral.
Uno de los aspectos que contempla la legislación, por ejemplo, es la educación. Los datos indican que el 46% de los estudiantes desplazados debieron suspender sus estudios o no pudieron volver a la escuela debido a la violencia de las pandillas que operan en el país. Para atender este problema, la ley prevé la creación de protocolos de reintegración.
Por otra parte, el 85% de las personas desplazadas que tienen afectaciones de salud precisan acceso a servicios de salud mental, por lo que la normativa los incluye en los programas dedicados a ese efecto.
Otro grave problema común a la mayoría de la población desplazada es el despojo o pérdida de sus viviendas. De acuerdo con cifras oficiales, el 68% de los propietarios sufrieron la apropiación, destrucción, abandono o venta de sus propiedades, y sólo el 32% logró conservarlas tras el desplazamiento. La ley establece un mecanismo de protección para las viviendas, tierras y propiedades abandonadas.
ACNUR afirmó que la nueva ley es una muestra de los avances de Centroamérica y México en materia de soluciones para los personas desplazadas forzadamente. Asimismo, refrendó su presteza para apoyar al gobierno hondureño en la respuesta y prevención del desplazamiento.