Expertos de la ONU denuncian el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua

29 Julio 2022

Por su parte, el Comité contra la Tortura insta al país a llevar a cabo investigaciones sobre el uso de la fuerza, las desapariciones y los actos tortura practicados durante las protestas sociales que tuvieron lugar en el país en 2018 y durante el proceso electoral en 2021.

El cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en los activistas y las personas defensoras de derechos humanos en todo el país, ha alertado este viernes un grupo de expertos y expertas* de la ONU este viernes.

En una carta** dirigida al Gobierno nicaragüense el lunes, los expertos de la ONU aseguraron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico.”

En la carta, se hicieron eco de una declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de principios de año, respecto a la represión de la sociedad civil en Nicaragua. 

Además, expresaron conmoción sobre el alcance de las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición del Gobierno. Contabilizaron el cierre de más de 700 organizaciones, 487 de ellas solo en el mes pasado

Si bien el cierre del espacio cívico se ha observado desde la crisis de 2018, el cierre de organizaciones se ha acelerado como consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro que entró en vigor recientemente.

En anticipación a la entrada en vigor de dicha ley, los expertos proveyeron su análisis legal y expresaron sus preocupaciones. En particular, la norma impone amplios procedimientos administrativos y de registro, como la divulgación de los datos de beneficiarios, y limita significativamente el financiamiento externo. Hasta ahora, los expertos no han recibido una respuesta a sus observaciones. 

Vista de Managua, la capital de Nicaragua
FAO/Saul Palma
Vista de Managua, la capital de Nicaragua

Uso indebido de las leyes antiterroristas

“Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes antiterroristas y antilavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales”, dijeron los expertos, haciendo referencia a una tendencia mundial. 

Detallaron que las clausuras no solo afectaron organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sino también aquellas que promueven valores democráticos y que luchan contra los efectos negativos del cambio climático.

Las clausuras también afectan asociaciones que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos, así como instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas. 

“Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños, niñas, jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo,” dijeron los expertos. 

También expresaron su preocupación sobre el efecto disuasivo que estas clausuras tienen sobre actores de la sociedad civil. Cientos de activistas ya han huido el país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias, agregaron. 

“Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático,” dijeron los expertos. 

Falta de investigaciones

Por su parte, el Comité de la ONU contra la Tortura se mostró preocupado por la falta de investigaciones por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y los malos tratos, así como las desapariciones forzadas por parte de la Policía Nacional, agentes de paisano y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021. 

El Comité instó a Nicaragua a llevar a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre estos actos y a proporcionar una reparación adecuada a las víctimas.  

También pidió que Nicaragua garantice las garantías legales de todos los detenidos, tome las medidas necesarias para evitar la represión y la violencia contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los líderes de la oposición política, y libere a los detenidos arbitrariamente. 

Con respecto a las graves condiciones de detención en los centros penitenciarios y complejos judiciales, incluida la situación de las mujeres, el Comité pidió a Nicaragua que garantizara que las condiciones de detención cumplieran plenamente con las normas de las Naciones Unidas, especialmente las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, asegurando una atención médica adecuada para las personas privadas de libertad

*Las y los expertos: Clément Nyaletsossi VouleRelator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Mary LawlorRelatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanosIrene KhanRelatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresiónFrancisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenasDavid R. BoydRelator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambienteSaad AlfarargiRelator Especial sobre el derechos al desarrolloMichael FakhriRelator Especial sobre el derecho a la alimentaciónTlaleng MofokengRelatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mentalGrupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñasMelissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth BroderickIvana Radačić y Meskerem Geset TechaneFionnuala Ní Aoláin, Relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismoAlexandra XanthakiRelatora Especial sobre los derechos culturales;   

 

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.

 

** Las cartas de alegación de titulares de los mandatos de Procedimientos Especiales están disponibles para el público 60 días después de ser enviada al Estado, en la siguiente base de datos: https://spcommreports.ohchr.org/

 

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