El Consejo de Seguridad pide el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales en Colombia

Clasificación de granos de café en Colombia.
UN Multi-Partner Trust Fund for Sustaining Peace in Colombia
Clasificación de granos de café en Colombia.

El Consejo de Seguridad pide el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales en Colombia

Paz y seguridad

El órgano encargado de velar por la seguridad internacional saluda el compromiso del nuevo presidente electo Gustavo Petro de profundizar en la implementación del Acuerdo Final de Paz e incluso buscar una paz más amplia a través del diálogo con grupos armados ilegales. Pero el Consejo también mostró su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas.

Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron este viernes su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia y, en ese contexto dieron la bienvenida al compromiso del presidente electo Gustavo Petro de profundizar en su implementación e, incluso, “buscar una paz más amplia a través del diálogo con otros grupos armados ilegales”.

En un comunicado, los miembros del Consejo de Seguridad indicaron, además, que han sido informados sobre la intención de la administración entrante de iniciar conversaciones con el ELN y reiteraron una vez más que el proceso de paz de Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo de la posibilidad de resolver el conflicto armado a través del diálogo.

Pero en el comunicado, los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad también subrayaron su “preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, incluidas las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas”.

Por ello, reafirmaron su llamamiento para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte rápidamente una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y subrayaron la necesidad de aumentar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.

En ese contexto, los miembros del Consejo celebraron el compromiso de la administración entrante de crear las condiciones necesarias para el cese de las hostilidades entre todos los grupos armados ilegales y la prevención de la violencia contra los civiles.

Yarledys Olaya (izquierda) trabaja junto a otros excombatientes y pobladores locales para construir una tubería de agua.
Marcos Guevara
Yarledys Olaya (izquierda) trabaja junto a otros excombatientes y pobladores locales para construir una tubería de agua.

Otros retos pendientes

Además, subrayaron la importancia de abordar los retos pendientes en materia de reforma rural y de reintegración y seguridad de los excombatientes, incluyendo la ampliación del acceso a la tierra y a la vivienda, la mejora de las oportunidades de educación y de empleo, y la garantía de apoyo a los muchos que viven fuera de las antiguas Zonas Territoriales de Capacitación y Reintegración para garantizar la reintegración sostenible de los excombatientes.

El documento también destaca la importancia de seguir aplicando el plan de acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderes y Defensoras de los Derechos Humanos.

Todas estas reacciones del Consejo se producen días después de que conociera el último informe trimestral del Secretario General sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, presentado ante ese órgano por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Tras reafirmar también su pleno apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acogieron con beneplácito la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad a la que señalaron “como una oportunidad sin precedentes para que los colombianos se reconcilien con su pasado y como un peldaño para la reconciliación a largo plazo y la paz duradera”. 

Los miembros del Consejo de Seguridad también aplaudieron los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos meses, incluidas las audiencias públicas, en las que los autores reconocieron, en presencia de las víctimas, su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.