En Ecuador discriminan a un activista y excandidato presidencial al no reconocer su matrimonio indígena

17 Mayo 2022

Yaku Pérez se casó en 2013, el matrimonio fue oficiado por las autoridades tradicionales del pueblo Kichwa Kañari. “Negar ese reconocimiento podría poner en peligro prácticas culturales y equivaldría a una asimilación forzada”, determina un comité de derechos humanos.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial encontró este martes que Ecuador discriminó al activista de derechos de los pueblos originarios y excandidato a la presidencia del país, Yaku Pérez Guartambel, al negarse a reconocer la validez de su matrimonio, validado por autoridades indígenas.

Yaku Pérez, quien es integrante del pueblo indígena Kichwa Kañari, se casó en 2013 con Manuela Lavinias Picq, periodista y profesora de nacionalidad brasileña y francesa.

Las autoridades tradicionales del pueblo Kichwa Kañari de la Comunidad Indígena de Escaleras oficiaron ese matrimonio.

En 2015, Yaku y su esposa fueron arrestados durante una marcha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las autoridades ecuatorianas revocaron la visa de Lavinias Picq, quien tuvo que abandonar el país.

Solicitud denegada

Para que su esposa pudiera regresar a Ecuador, Yaku Pérez solicitó la inscripción de su matrimonio en la Dirección General del Registro Civil con la intención de obtener una visa de reunificación familiar, pero su solicitud fue denegada bajo el argumento de que el contrato matrimonial no era legalmente válido porque las autoridades indígenas no son competentes para oficiar e inscribir matrimonios.

Para realizar el trámite se le solicitó que se casara nuevamente ante funcionarios del Registro Civil. Los recursos judiciales de Yaku Pérez en contra de la decisión de las autoridades también fueron rechazados.

El activista, expresidente de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador y candidato presidencial en los últimos comicios presentó en 2017 una denuncia al Comité contra la Discriminación, explicando que los pueblos indígenas han vivido y organizado sus sociedades por milenios antes de la existencia del Estado, inclusive mediante matrimonios ancestrales celebrados por sus instituciones de acuerdo con sus culturas.

Hallazgos del Comité

Tras analizar el caso, el Comité concluyó que “negarse a reconocer el matrimonio de pueblos indígenas y solicitarles que vuelvan a casarse ante funcionarios del Registro Civil es discriminatorio”.

Más aún, Michał Balcerzak, experto del Comité, explicó que esa negativa “podría poner en peligro prácticas culturales y equivaler a una asimilación forzada”.

Según el Comité, Ecuador violó su obligación bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

“La falta de reconocimiento del matrimonio de Yaku Pérez constituye un acto de discriminación que le impide gozar de los mismos derechos civiles que aquellas personas cuyos matrimonios son oficiados por funcionarios del Registro Civil”, enfatizaron los expertos.

Agregaron que el reconocimiento de los efectos legales de los matrimonios oficiados por autoridades tradicionales indígenas no priva al Estado de su jurisdicción sobre el derecho civil, sino que implementa la cooperación que debe regir la relación entre el sistema ordinario y el sistema indígena.

Estado intercultural y plurinacional

La Constitución política de Ecuador define al Estado como intercultural y plurinacional, lo que debe garantizar a los pueblos indígenas derechos colectivos que les permita mantener y fortalecer libremente su identidad, tradiciones ancestrales y organización social, apuntó el Comité

Asimismo, recordó que los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar sus leyes consuetudinarias en virtud de su derecho fundamental a la libre determinación.

Tras llegar a esta conclusión, el Comité pidió a Ecuador inscribir el matrimonio de Yaku Pérez ante el Registro Civil, así como indemnizarlo y ofrecerle disculpas por la violación de sus derechos.

Además, instó a Ecuador a modificar su legislación de manera que reconozca y registre matrimonios oficiados por autoridades tradicionales indígenas de conformidad con su derecho consuetudinario con el objetivo de evitar que se repita ese tipo de violaciones.

 

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