Expertos de la ONU condenan la represión de las protestas en Sri Lanka

8 Abril 2022

Tras la declaración y posterior levantamiento del estado de excepción, los especialistas en derechos humanos instan al gobierno ceilandés a establecer un diálogo abierto y genuino con los manifestantes. Los habitantes de Sri Lanka piden reformas políticas y recursos para disminuir el impacto de la crisis económica que sufre el país asiático.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* instaron este viernes al Gobierno de Sri Lanka a garantizar los derechos fundamentales de reunión pacífica y de expresión tras la reciente declaración del estado de excepción. Las protestas pacíficas se suceden en el país asiático que se encuentra inmerso en una grave crisis económica.

Los especialistas manifestaron su preocupación por la proclamación del estado de emergencia y por la orden que bloquea el acceso a las redes sociales.

"Estas medidas parecen destinadas a disuadir o impedir las protestas pacíficas ante el agravamiento de la crisis económica y la falta de acceso a combustible, electricidad, medicamentos y alimentos esenciales”, explicaron en un comunicado donde condenaron el uso excesivo de gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes

"Instamos al Gobierno de Sri Lanka a permitir que los estudiantes, los defensores de los derechos humanos y otras personas puedan protestar de forma pacífica, y a que puedan compartir libremente sus opiniones políticas y expresar su descontento, tanto en internet como fuera de la red", especificaron.

La población de Sri Lanka se ha visto afectada por el aumento de la inflación, la escasez de combustible y de productos esenciales, así como por los prolongados cortes de electricidad como consecuencia de la escasez de divisas.

La crisis económica ha agravado una situación ya de por sí nefasta relacionada con el acceso a los alimentos y a los servicios sanitarios. Esta delicada situación está causando dificultades a millones de personas que viven en la pobreza o dificultades para conseguir medicamentos o acceder a los hospitales para las que sufren enfermedades graves.

Los efectos combinados de la deuda externa, la corrupción y la crisis del COVID-19, han afectado duramente a la economía del país. Por ello, los expertos pidieron al gobierno que garantice el respeto y la protección de todos los derechos humanos.

Seiscientos arrestados tras la implantación del toque de queda

El pasado 31 de marzo cientos de personas se concentraron frente a la residencia del presidente, exigiendo su dimisión por su gestión de la crisis, en una manifestación inicialmente espontánea y pacífica.

Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y descargaron cañones de agua para dispersar a la multitud, una circunstancia que provocó enfrentamientos que finalizaron con unos 50 heridos, entre ellos varios periodistas, y más de 50 detenciones.

Desde ese día, miles de personas se han sumado a las protestas diarias, reclamando reformas políticas y económicas. El Gobierno impuso el toque de queda en todo el país entre el 2 y el 4 de abril, y detuvo a más de 600 personas que lo violaron.

El presidente declaró el estado de excepción en todo el país el 2 de abril, aunque lo anuló a principios de esta semana, una coyuntura que le permitió suspender la mayoría de las leyes, a excepción de la Constitución, al tiempo que el gobierno bloqueó el acceso a varias plataformas de redes sociales, aunque su acceso se restableció posteriormente.

Los expertos pidieron a las autoridades que entablen un diálogo constructivo y franco con el pueblo de Sri Lanka.

"La respuesta a las protestas pacíficas y las voces disidentes legítimas no debe ser un uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades", afirmaron.

Al contrario, razonaron que "recurrir al uso de la fuerza contra los manifestantes no hará más que perjudicar las vías de expresión del malestar de forma pacífica, arriesgándose en cambio a una escalada de las tensiones".

*Los expertos son: Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Attiya Waris, Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Irene Khan, relatora especial sobre los derechos a la libertad de expresión y de opinión, Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

 

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