Expertos de la ONU reprueban las medidas para “eliminar progresivamente” la vida pública de las mujeres en Afganistán

17 Enero 2022

Entre las múltiples acciones contra las mujeres destacan la prohibición de que vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de usar solas el transporte público y la imposición de un estricto código de vestir. Los especialistas consideran “especialmente preocupante” la privación del derecho fundamental a la educación secundaria y terciaria de las mujeres y las niñas.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos * afirmó este lunes que los dirigentes talibanes de Afganistán están institucionalizando la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Al mismo tiempo, consideraron que esta situación se produce “a gran escala y de forma sistemática”.

Los especialistas en derechos humanos reiteraron su alarma a la advertencia lanzada en agosto de 2021 tras implementarse una serie de medidas restrictivas, en particular a las relativas a las mujeres y las niñas.

"Nos preocupan los esfuerzos continuos y sistemáticos para excluir a las mujeres de las esferas social, económica y política en todo el país", señalaron.

Unas inquietudes que, a ojos de los expertos, todavía son más graves en los casos de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, como las comunidades hazaras, tayikas, hindúes y otras, “cuyas diferencias o visibilidad las hacen aún más vulnerables en Afganistán”.

Del mismo modo, señalaron que aumenta el riesgo de explotación de mujeres y niñas, incluidas la trata destinada al matrimonio infantil y forzado, así como a la explotación sexual y el trabajo forzado.

Todas estas prácticas, que calificaron de “excluyentes y discriminatorias”, se aplican mediante una oleada de medidas como la prohibición de que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de usar solas el transporte público y la imposición de un estricto código de vestir.

"Además de limitar gravemente su libertad de movimiento, expresión y asociación, y su participación en los asuntos públicos y políticos, estas políticas también han afectado a la capacidad de las mujeres para trabajar y ganarse la vida, empujándolas aún más a la pobreza", señalaron.

Niñas jugando volibol en una escuela en Herat, Afganistán, en 2016.
UNAMA
Niñas jugando volibol en una escuela en Herat, Afganistán, en 2016.

Las escuelas de secundaria para niñas están cerradas

También consideraron “especialmente preocupante” la constante privación del derecho fundamental de las mujeres y las niñas a la educación secundaria y terciaria, bajos argumentos como la obligatoriedad de la segregación entre las mujeres y los hombres y de que las alumnas deben cumplir con un determinado código de indumentaria.

Así pues, la gran mayoría de las escuelas de enseñanza secundaria para niñas permanecen cerradas y a la mayoría se les niega el acceso a los cursos de 7 a 12, basándose únicamente en su género.

"En estos momentos asistimos al intento de eliminar progresivamente a las mujeres y a las niñas de la vida pública en Afganistán, incluso en las instituciones y los mecanismos creados anteriormente para ayudarlas y protegerlas cuando están en peligro", dijeron en referencia al cierre del Ministerio de Asuntos de la Mujer y a la ocupación de los locales de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

Muchas activistas y profesionales han abandonado el país en contra de su voluntad

"Varios proveedores de servicios esenciales, y a veces vitales, que apoyan a las supervivientes de la violencia de género han cerrado por miedo a las represalias, al igual que muchos refugios para mujeres, con consecuencias potencialmente fatales para las numerosas víctimas que necesitan estos servicios", añadieron.

Otras acciones orientadas a socavar los sistemas de prevención y respuesta a la violencia de género fueron la eliminación de los tribunales especializados y de las fiscalías encargadas de aplicar la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009, y la prohibición de que muchas trabajadoras sociales puedan ejercer su trabajo y asistir a otras mujeres y niñas.

Los expertos se mostraron especialmente preocupados por la situación de las defensoras de los derechos humanos, las activistas y líderes de la sociedad civil, las juezas y fiscales, las mujeres de las fuerzas de seguridad, las antiguas empleadas del gobierno y las periodistas, todas ellas muy expuestas al acoso, a las amenazas de violencia y, en ocasiones, a la violencia.

A consecuencia de ello, muchas se han visto obligadas a abandonar el país.

"También nos preocupa profundamente la dureza con la que las autoridades de facto respondieron a los reclamos de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas afganas, con informaciones sobre manifestantes pacíficas que fueron golpeadas, maltratadas, amenazadas y, en casos confirmados, detenidas arbitrariamente", afirmaron.

A estas causas de alarma, añadieron su gran inquietud ante los reportes de ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzosos de minorías étnicas y religiosas, como los hazara.

OCHA distribuye ayuda a desplazados en Kabul, Afganistán
© ACNUR/Andrew McConnell
OCHA distribuye ayuda a desplazados en Kabul, Afganistán

La respuesta humanitaria está abocada al fracaso si excluye a las mujeres

Finalmente reiteraron su llamado a la comunidad internacional para que intensifique la ayuda humanitaria al pueblo afgano y que garanticen la eliminación inmediata de las restricciones a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas.

“Cualquier respuesta humanitaria, esfuerzo de recuperación o desarrollo en el país está condenado al fracaso si el personal femenino, las organizaciones dirigidas por mujeres y las mujeres en general -en particular las de las comunidades minoritarias- siguen siendo excluidas de la plena participación en las evaluaciones de las necesidades, así como en la toma de decisiones, el diseño, la implementación y el seguimiento de estas intervenciones", destacaron.

*Los expertos son : Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Ahmed Shaheed, relator especial sobre la libertad de religión o de creencias; Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Sorcha MacLeod (Presidenta-Relatora), Jelena Aparac, Ravindran Daniel, Chris Kwaja, Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios; Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Saad Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Fernand de Varennes, relator especial sobre cuestiones de las minorías; Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Mama Fatima Singhateh, relatora especial sobre la venta de niños; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Elina Steinerte (Presidenta-Relatora), Miriam Estrada-Castillo (Vicepresidenta), Leigh Toomey, Mumba Malila, Priya Gopalan, Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos de los niños; Priya Gopalan, Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria; Gladys Acosta Vargas, presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Alexandra Xanthaki, relatora especial en el ámbito de los derechos culturales; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Koumba Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la educación; E. Tendayi Achiume, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

 

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