Condenar a los defensores de los migrantes equivaldría a más muertes en el mar, afirma experta de la ONU
Derechos humanos
La especialista en derechos humanos señala que declarar culpables a dos voluntarios rescatistas de migrantes en Grecia por su labor humanitaria, sentaría un precedente muy peligroso en toda la Unión Europea.
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos instó este jueves a las autoridades judiciales griegas a no criminalizar la labor de las personas que rescatan a los migrantes en el Mediterráneo.
Mary Lawlor aseveró que un veredicto de culpabilidad supondría un día aciago para Grecia y para los derechos humanos en Europa.
Los dos acusados, Sarah Mardini y Seán Binder, voluntarios en tareas de búsqueda y rescate de migrantes, enfrentan a cargos penales relacionados con su labor humanitaria en las costas de la isla griega de Lesbos.
La experta en derechos humanos advirtió que declararlos culpables supondría “la criminalización de las labores de búsqueda y rescate".
"Un veredicto de culpabilidad, que podría condenarlos a 25 años de cárcel, sentaría el peligroso precedente de convertir en criminales a las personas que apoyan los derechos de los migrantes y refugiados en toda Grecia y en la Unión Europea", dijo.
Los cuatro cargos clasificados como "delitos menores" a los que se enfrentan Mardini y Binder son: espionaje, revelación de secretos de Estado, uso ilegal de radiofrecuencias y falsificación.
Un hombre afgano de 33 años espera, junto a su familia, en el campamento de la isla griega de Lesbos está a la espera de ser realojado en Alemania.
Los activistas se enfrentan a una condena de 25 años
A Mardini, una refugiada siria que vive en Alemania, se le juzgará en ausencia ya que las autoridades griegas le han prohibido regresar al país, mientras que Binder, que ostenta doble nacionalidad irlandesa y alemana, ha regresado voluntariamente al país heleno para el juicio.
Los dos activistas permanecieron en prisión preventiva durante 107 días en 2018 mientras las autoridades investigaban los "delitos menores" y otros posibles cargos graves como facilitación de entrada ilegal, blanqueo de dinero y fraude. La investigación de estas últimas faltas sigue en curso, pero ninguno de los dos ha sido acusado formalmente.
Si fueran declarados culpables de todos los cargos podrían enfrentarse a una sentencia de hasta 25 años de prisión.
Ambos defensores trabajaron entre 2017 y 2018 en la isla de Lesbos con la organización humanitaria Emergency Response Centre International. Mientras Binder realizaba operaciones de búsqueda y rescate de civiles, Mardini se ocupaba de tareas de ayuda y traducción para las personas que conseguían llegar a la costa.
"El hecho de que las autoridades hayan pasado más de tres años investigando el caso se ha convertido en un factor disuasorio para los integrantes de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos de los migrantes en Grecia", apuntó la experta.
"Otros defensores de los derechos humanos me han comentado que tienen miedo de continuar con su trabajo por temor a correr una suerte similar”, explicó.
Migrantes en la isla de Lesbos, en Grecia
Grecia ha de trabajar en favor y no en contra de los defensores de los DD. HH
La relatora especial también criticó que el tribunal griego rechazara el recurso presentado la semana pasada por el abogado de Mardini para permitirle viajar a Grecia: "¿Cómo puede considerarse un juicio justo si no se permite a la acusada estar presente durante el proceso judicial?", razonó.
Sin embargo, Lawlor reconoció que Grecia ha estado sometida a una enorme presión desde el punto álgido de la crisis migratoria que se produjo en el año 2015, y que se agravó por la falta de solidaridad de la Unión Europea.
"Pero esto no es excusa para tomar medidas drásticas contra la sociedad civil", detalló. "El Gobierno griego debería trabajar con los defensores de los derechos humanos para gestionar la crisis humanitaria, no contra ellos".
La acusación que pesa sobre Mardini y Binder evidencia el escaso margen de maniobra de la sociedad civil para defender los derechos de los migrantes y refugiados, añadió Lawlor.
"Algunos defensores me han dicho que su trabajo se ha vuelto casi imposible debido a los onerosos requisitos de información para sus organizaciones no gubernamentales, a las amenazas y ataques que reciben por parte de actores no estatales y al acoso de la policía", detalló.
" ¿Hasta dónde hemos llegado para ponernos en contra de las personas que nos ofrecen su solidaridad? Un veredicto de culpabilidad para Mardini y Binder supondría un día aciago para Grecia, y un día aciago para los derechos humanos en Europa", afirmó.
El juicio contra los trabajadores humanitarios se ha aplazado indefinidamente hasta una fecha posterior. Por su parte, la relatora sigue en contacto con las autoridades griegas sobre este asunto.
La relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullaly, y el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, respaldaron la petición de Lawlor.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.