Como solución al desigual reparto de vacunas, su presidente, Luis Alberto Arce, propuso que las empresas transnacionales liberen sus patentes y compartan sus conocimientos.
La crisis multidimensional del capitalismo y la sanitaria provocadas por la COVID-19 ha evidenciado que continúa la desigualdad “entre los países del capitalismo central y los de la periferia, eufemísticamente denominados países desarrollados y países en desarrollo”, afirmó este jueves el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce.
En su intervención durante el 76º periodo de sesiones de la Asamblea General el mandatario boliviano destacó que la pandemia del coronavirus ha demostrado que la fragilidad de las sociedades y Estados ha generado una serie de impactos negativos en la salud, la economía, la educación, y que, a su vez, ha puesto en riesgo el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.
Tras denunciar la desigual concentración de vacunas a nivel mundial, donde solo el 1,1% de la población de bajos ingresos ha sido inoculada con una dosis, apuntilló que el capitalismo “ha mercantilizado” todos los ámbitos de la sociedad y que el sector sanitario “no se escapa a sus tentáculos”.
“La ciencia médica debe estar al servicio de la humanidad, sin ningún tipo de discriminación geográfica, política, social o por motivo de nacionalidad; el acceso a la vacuna debe ser considerada como un derecho humano. No podemos ser indiferentes, ni mucho menos lucrar con la salud en tiempos de pandemia”, sentenció.
Como solución ante el desigual reparto de vacunas propuso que las empresas transnacionales liberen sus patentes y compartan sus conocimientos, que la ONU y los gobiernos trabajen conjuntamente para evitar el acaparamiento de vacunas y fomenten un acceso “universal, justo, equitativo y oportuno” a las inmunizaciones.
En el ámbito económico concluyó que la pandemia ha evidenciado las desigualdades del sistema financiero y la economía mundial, por lo que destacó la necesidad de reforzar la integración y cooperación.
“En este contexto, es indispensable la reconstrucción de nuestras economías para la protección social y la salud; es decir, resguardar y proteger a trabajadores, obreros y obreras, campesinos, campesinas, indígenas, originarios, a micro y pequeños empresarios y empresarias, de la misma manera como se protege a los bancos, a las grandes empresas y a las corporaciones globales”, explicó.
Cuatro propuestas para la Conferencia sobre el Clima
Tras explicar que su país impulsa un nuevo modelo de convivencia para el bienestar llamado el “Vivir Bien” que busca dejar atrás la depredación, la competencia irracional, el consumismo desmedido y la acumulación de ganancias a costa de la Madre Tierra propuso cuatro ejes para la próxima cumbre climática de la ONU en Glasgow, Escocia, conocida como COP26:
- Limitar el aumento de temperatura más allá de 1,5 grados centígrados mediante la distribución del presupuesto de carbono entre los países
- Instar a los países del capitalismo central a que asuman la deuda climática a través de la cooperación financiera, transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades
- Recuperar los conocimientos, prácticas y experiencias de las naciones y pueblos indígenas en la construcción de sociedades y ecosistemas
- Fortalecer y acelerar los esfuerzos de los países contra la crisis climática, en particular de los enfoques que no están basados en los mercados de carbono.
Bolivia sufrió un golpe de estado en 2019
Arce cerró su intervención explicando que, tras un “lamentable golpe de Estado acaecido en noviembre de 2019”, Bolivia recuperó su democracia el pasado mes de octubre gracias “a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano ratificada en las urnas” y que el orden constitucional se quebró con la participación de múltiples actores nacionales y extranjeros.
Entre ellos citó “políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo, malos efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos”, y añadió que “también contó con la participación de la OEA, a través de su Secretario General Luis Almagro; de otros gobiernos como el de Argentina, que enviaron armas y municiones a los golpistas, del representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”.
A continuación, indicó que un informe presentado por un grupo internacional de expertos independientes identificó graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias en Bolivia, por lo que expresó su compromiso de que se haga justicia.
“Por las 38 vidas perdidas, por los cientos de heridos, detenidos, por los perseguidos, asilados y exiliados; por las graves violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron durante un gobierno de facto; porque la justicia es condición esencial de toda democracia, y de construcción de una verdadera paz social”.
Por último, reivindicó el derecho de su país “a obtener una salida libre, soberana y útil al Océano Pacífico” dialogando con Chile, basándose en el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 1 de octubre de 2018.
