Embargo a Cuba, desplazados en América Latina, indígenas... Las noticias del miércoles

La Asamblea General aprobó una resolución para exigir el fin del embargo estadounidense a Cuba. “Los países latinoamericanos son un ejemplo para el mundo” de cómo proteger a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, dijo el Alto Comisionado para los Refugiados. Casi un millón y medio de refugiados necesitarán ser reasentados el próximo año.
La Asamblea General aprobó una resolución para exigir el fin del embargo estadounidense a Cuba.El texto obtuvo 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Brasil, Colombia y Ucrania).
La resolución se aprueba cada año, desde 1992, con un respaldo masivo de la comunidad internacional.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que el bloqueo se trata de “una guerra económica de alcance extraterritorial contra un pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la crisis económica derivada de la pandemia” y cifró las pérdidas en 2020 en 9157 millones de dólares.
El representante de Estados Unidos dijo que “las sanciones son una de las herramientas en un esfuerzo más amplio hacia Cuba para promover la democracia, promover el respeto a los derechos humanos “y que reconocen el sufrimiento del pueblo cubano y por ello, a pesar del embargo, son uno de los principales socios comerciales de Cuba y autorizan cada año miles de millones de dólares en exportaciones.
“Los países latinoamericanos son un ejemplo para el mundo” de cómo proteger a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, dijo el Alto Comisionado para los Refugiados tras una visita a la región.
Filippo Grandi pasó una semana en Panamá, Ecuador y Colombia y celebró allí el Día Mundial del Refugiado, el pasado 20 de junio. La región de las Américas alberga el 20% de los 82,4 millones de desplazados forzosos en todo el mundo. Los 5,6 millones de refugiados y migrantes de Venezuela suponen la segunda mayor crisis de desplazamiento.
Mientras luchan por contener la pandemia de COVID-19, varios países han iniciado programas de regularización a gran escala. "La inclusión es una de las formas más prácticas y concretas de protección”, reconoció Grandi.
En Colombia ya ha comenzado el proceso para regularizar a más de un millón de migrantes venezolanos. “Un mensaje de agradecimiento a las comunidades de acogida y es muy significativo hacerlo en Barranquilla, una ciudad que como todo Colombia acoge con solidaridad y generosidad a miles de refugiados y migrantes venezolanos”, dijo el Alto Comisionado.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha anunciado un nuevo proceso de regularización para los venezolanos en el país. Ecuador acoge a unos 430.000 refugiados y migrantes de Venezuela.
Casi un millón y medio de refugiados necesitarán ser reasentados el próximo año, según las últimas estimaciones publicadas por ACNUR.
Por sexto año consecutivo, los refugiados sirios se encuentran entre los que tienen mayores necesidades de reasentamiento, seguidos por los refugiados de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Afganistán y Eritrea.
ACNUR recuerda que el 90% de los refugiados están reasentados en países en desarrollo y hace un llamamiento a los países para que pongan a disposición más plazas, ya que “las necesidades humanitarias superan con creces la respuesta”.
"A pesar de la pandemia, las guerras y los conflictos siguen haciendo estragos en todo el mundo, desplazando a millones de personas e impidiendo a muchas de ellas regresar a sus hogares ", dijo la jefa de protección internacional de ACNUR, Gillian Triggs.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos aplaude el proyecto de Ley que armonizará la legislación canadiense con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“La adopción de esta nueva ley representa un avance histórico en Canadá, ya que establece un marco sólido para el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con las normas internacionales”, dijo la portavoz de la oficina, Marta Hurtado, en un comunicado.
La Oficina que dirige Michelle Bachelet espera que la nueva legislación “ayude al país a reconocer y reparar la dolorosa historia entre los pueblos indígenas y las autoridades canadienses”. Asegura que es una “herramienta poderosa”, pero debe aplicarse rápidamente. “La verdadera prueba será garantizar que las desigualdades, la discriminación y la violencia que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo del tiempo se aborden rápida y eficazmente”, añade.