La CPI halla una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación
Derecho y prevención del delito
La fiscal de Corte Penal Internacional (CPI) se reunió este miércoles con una delegación de alto nivel de Venezuela para hablar sobre la situación de dos exámenes preliminares abiertos con respecto al país sudamericano. El primero por presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos, y el segundo por crímenes de lesa humanidad supuestamente perpetrados en territorio venezolano desde el 12 de febrero de 2014.
El encuentro en la sede de la Corte en La Haya, que trató una serie de aspectos relativos al proceso del examen preliminar y a la situación de los dos estudios preliminares, convocó a la fiscal Fatou Bensouda y a una delegación venezolana compuesta por el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo venezolano, Alfredo Ruiz.
La Corte ve indicios para investigar en uno de los casos
Tras la evaluación del primer examen preliminar, Bensouda informó a la delegación venezolana “que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
Ese examen fue abierto en febrero de 2018 . La fiscal de la CPI Fatou Bensouda expresó en ese entonces en un mensaje de video su voluntad de analizar los crímenes presuntamente cometidos al menos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones y la inestabilidad política en ese Estado miembro del Estatuto de Roma.
“En particular, se ha argumentado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró Bensuda.
En este sentido la Fiscalía solicitó información sobre las actuaciones nacionales correspondientes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI.
Con relación al segundo examen, la fiscal reportó a la delegación venezolana sobre el actual estado de la evaluación, que tiene por objeto determinar si existen motivos razonables para creer que la conducta alegada es competencia de la Corte.
Ese examen fue abierto en febrero de 2020 a petición del gobierno de Venezuela para determinar si las sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano equivalen a crímenes contra la humanidad.
Durante la reunión, el fiscal general y el defensor del pueblo explicaron detalladamente el sistema judicial de Venezuela y la labor de sus respectivas oficinas y reafirmaron su cooperación con la labor de la Fiscalía en el marco del Estatuto de Roma. Como muestra de ello, Saab invitó a Bensouda a visitar Venezuela.
La fiscal reiteró que ambas instancias siguen en fase de examen preliminar con el fin de determinar, una vez concluida la pesquisa, si se debe abrir una investigación.
En este aspecto, el informe de fin de año sobre las actividades de examen preliminar de la Fiscalía ofrecerá más detalles de la situación.
La Fiscalía espera que continúe la colaboración con el gobierno del país sudamericano y otras partes interesadas en ambos exámenes preliminares.