España viola el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down

21 Septiembre 2020

Rubén fue enviado a un centro de educación especial pese a la oposición de sus padres. Un comité de expertos de la ONU en derechos humanos pide a España que admita al niño en un programa educativo inclusivo, que lo indemnice, que investigue sus denuncias de abuso y que elimine la segregación educativa.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad encontró que España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de la oposición de sus padres.

Los expertos en derechos humanos que integran el Comité hallaron que España no evaluó los requerimientos específicos del niño, Rubén, y que no adoptó medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en el programa ordinario de educación.

El Comité señaló este lunes que nada indicaba que las autoridades españolas hubieran realizado “una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén y de los ajustes razonables que hubieran sido necesarios para que hubiera continuado en un centro de educación ordinario”.

“En consecuencia, el Estado parte no cumplió con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, afirmaron los expertos.

El caso de Rubén

Rubén estudiaba en una escuela ordinaria de la ciudad de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta el 2009, cuando empezó el cuarto curso a la edad de 10 años. A partir de entonces, la situación se deterioró y surgieron serias alegaciones de malos tratos y abusos por parte de su maestro

El Comité señaló que cuando Rubén empezó el quinto curso, su nuevo maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial y sólo después de que sus padres se quejaran se le permitió tener uno.

Sin embargo, el niño comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar se refirió al "comportamiento perturbador", a los "brotes psicóticos" y al "retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down" de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres.

Denuncias sin investigar

Los padres del niño denunciaron ante las autoridades judiciales nacionales los abusos que sufrió Rubén, pero no se realizó ninguna investigación efectiva. También impugnaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial.

Las autoridades, por su parte, presentaron una denuncia penal contra los padres por su negativa a enviar a su hijo a una escuela especializada.

Rubén y su padre presentaron en 2017 su caso ante el Comité que, tras examinar las alegaciones de ambas partes, llegó a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva.

Indemnización y fin de la segregación educativa

El Comité solicitó a España que garantice que Rubén, quien actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo; que se le conceda una indemnización y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abuso. 

Además, el Comité instó a España a eliminar toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias.

También conminó al país a garantizar que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hasta la fecha cuenta con 182 Estados partes. El Comité está compuesto por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, quienes prestan servicios a título personal y no como representantes de los Estados partes. Los dictámenes y decisiones del Comité sobre las comunicaciones individuales constituyen una evaluación independiente del cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud de la Convención.

 

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