Bachelet reporta cooperación con Venezuela y pide afrontar la desigualdad para salir de la crisis del COVID-19 en América Latina

La ONU en Venezuela ayuda a combatir la pandemia de coronavirus.
OCHA/Gema Cortes
La ONU en Venezuela ayuda a combatir la pandemia de coronavirus.

Bachelet reporta cooperación con Venezuela y pide afrontar la desigualdad para salir de la crisis del COVID-19 en América Latina

Derechos humanos

Michelle Bachelet destacó las graves repercusiones socioeconómicas que conlleva la pandemia de COVID-19 en América Latina e indicó que el único modo de alcanzar una recuperación sostenible es hacer frente a los motivos fundamentales de las desigualdades, la exclusión y la discriminación.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pasó revista este lunes de la situación de esas garantías en varios países de América Latina en el contexto de la actual crisis sanitaria y económica.

En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet aseveró que la región debe combatir la raíz de la desigualdad y la discriminación para lograr una recuperación sostenible tras la crisis generada por el coronavirus.

Bachelet hizo hincapié en la cooperación del gobierno venezolano con su Oficina, cuya presencia aumentará de dos a seis oficiales en el terreno.

A nivel regional, reportó el aumento de los ataques a los activistas del medio ambiente y dedicó apartados a los casos de Colombia, Honduras, México y Brasil.

Progresos en Venezuela

Tras la firma el año pasado de una Carta de Entendimiento entre Venezuela y su Oficina, Bachelet dijo haber fortalecido su presencia en el país, e informó de avances en ámbitos como la “revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza” y en la determinación de los factores que influyen en el hacinamiento de los centros de detención preventiva.

Igualmente, reportó progresos “en el intercambio de información sobre casos individuales y situaciones de derechos humanos” y en el compromiso ratificado por el Fiscal General de avanzar en la investigación de 58 presuntas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y 35 causas de muertes documentadas por la oficina de la ONU durante las protestas.

La Alta Comisionada acogió con beneplácito la concesión gubernamental de conceder el arresto domiciliario al líder opositor Juan Requesens y el indulto de 110 personas.

“Hago un llamado para que el gobierno continué con las liberaciones de todos quienes han sido detenidos arbitrariamente. Decisiones como estas contribuyen a la distención política y a la apertura del espacio democrático”, resaltó.

En clave de acontecimientos futuros, explicó que tiene previsto abordar la situación de los derechos humanos en el país el próximo 23 de septiembre y que, debido a la COVID-19, se tuvo que reprogramar hasta enero la visita de la relatora especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales. 

Por último, destacó la renovación de la Carta de Entendimiento entre su Oficina y el gobierno venezolano por un año prorrogable.

“El nuevo acuerdo triplica el número de oficiales de derechos humanos en el país, con mayor autonomía jurídica, así como la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales”, especificó.

Panorama regional: Repercusiones de la pandemia

A nivel regional, puso de relieve las graves repercusiones socioeconómicas que conlleva la pandemia del coronavirus, una circunstancia que debería servir como mensaje de alerta para todos los agentes “sobre la urgencia de abordar las profundas desigualdades de la región en materia de desarrollo”.

Bachelet afirmó que el único modo de alcanzar una recuperación sostenible es acometiendo los motivos fundamentales de las desigualdades, la exclusión y la discriminación; y, por otro lado, consolidando las democracias y la defensa de los derechos humanos como respuesta a los crecientes niveles de violencia en toda la región.

Añadió que esta violencia provocó que “un número alarmante de defensores de los derechos humanos y periodistas sigan siendo intimidados, atacados y asesinados, en particular los que se dedican a proteger el medio ambiente y los derechos sobre la tierra”.

Ante esta situación, instó a todos los gobiernos a evitar las agresiones a los defensores de las garantías fundamentales y los profesionales de la información.

La situación en Colombia, Honduras México y Brasil

Durante lo que va de 2020 la Oficina de Bachelet documentó 47 asesinatos de defensores de los derechos humanos en Colombia y otros 44 casos que todavía están pendientes de ser verificados.

Además, su Oficina está verificando los casos reportados en las recientes protestas en Bogotá y Soacha -en las que el uso excesivo de la fuerza podría haber causado la muerte de hasta 13 personas, dejando más de 300 heridos, 77 de ellos con heridas de bala-.

En Honduras destacó el aumento de los ataques y las muertes violentas de personas LGBTI y señaló que “desde el comienzo del estado de emergencia a mediados de marzo, la Oficina en el país ha documentado siete asesinatos de mujeres trans; tres de los cuales ocurrieron sólo en julio”.

Con respecto a México, la Alta Comisionada puso de relieve el asesinato de al menos cuatro periodistas y siete defensores de los derechos humanos durante este año, pero celebró la “colaboración con las autoridades para mejorar la eficacia del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas”.

Bachelet también dijo haber recibido informes de violencia rural y desalojos de comunidades sin tierra en Brasil, así como de ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas.