COVID-19: Las medidas de protección social son cortoplacistas y no evitarán la extensión de la pobreza

11 Septiembre 2020

Pese a los 589.000 millones de dólares dedicados a protección social en 113 países, las iniciativas de protección social no impedirán el aumento de la pobreza, alerta un experto de las Naciones Unidas en derechos humanos, que indica que muchas personas han quedado excluidas de ellas e insta a un replanteamiento global.

Pese a las más de 1400 medidas de protección social adoptadas desde el inicio de la pandemia del coronavirus, éstas han resultado en gran medida insuficientes, advirtió este viernes el experto independiente de la ONU sobre pobreza extrema* quien destacó que las peores consecuencias sobre la pobreza todavía están por llegar.

Durante la presentación de un informeOlivier De Schutter, llamó a los líderes mundiales que participarán a finales de septiembre en la Asamblea General de la ONU a reforzar las medidas de ayuda para las personas empobrecidas.

De Schutter describió gráficamente la situación actual al afirmar que “las redes de seguridad social implementadas están llenas de agujeros” y que “estas medidas son generalmente cortoplacistas, la financiación resulta insuficiente y muchas personas inevitablemente han quedado en el olvido".

Añadió que, si se usa como referencia una línea de pobreza de 3,20 dólares al día, la magnitud de la recesión económica causada por la pandemia de la COVID-19 puede provocar que 176 millones de personas caigan en la pobrezauna cifra sin precedentes en tiempos de paz desde la Gran Depresión.

Esta situación supondría un aumento en la tasa de pobreza de 2,3 puntos porcentuales en comparación con un escenario sin coronavirus.

Las medidas de protección social son generalmente cortoplacistas, la financiación resulta insuficiente y muchas personas inevitablemente han quedado en el olvido, afirma Olivier De Schutter

El monto para medidas de protección social es insuficiente

El informe de De Schutter señala que, con base en las cifras del Banco Mundial y pese a los 589.000 millones de dólares dedicados a protección social en 113 países que representan un 0,4% del Producto Interno Bruto mundial, estas iniciativas no evitarán la extensión de la pobreza y que muchas de las personas más empobrecidas que tendrían que formar parte de estos planes están excluidas de ellos.

Otro factor en su contra es que “numerosos programas también requieren que las solicitudes se completen en línea, lo cual de facto excluye a amplios grupos de la población sin acceso a internet o con bajas competencias digitales”.

Por si no fueran suficientes estos obstáculos, citó la imposición de condiciones impracticables para las personas en condiciones laborales precarias o sin una residencia fija.

“Los migrantes, especialmente aquellos indocumentados, a menudo carecen de cobertura. Y aunque se han diseñado algunos programas para cubrir a los trabajadores del sector informal y con empleos precarios, muchos no lo hacen”.

© UNICEF/Andrea Campeanu
Pobreza en Juba, Sudán del Sur.

En el mundo hay 1600 millones de trabajadores informales y 400 millones en condiciones precarias, un 61% de la fuerza laboral global.

Tras cierta mejoría en las condiciones de la pandemia, el experto denunció la eliminación gradual de estos programas o que su renovación mediante iniciativas parlamentarias dependa de un resultado incierto.

“Las familias que viven en situación de pobreza ya han agotado todas las reservas que tenían y han vendido sus bienes”, dijo, y advirtió que “las peores consecuencias de la crisis en la pobreza todavía están por llegar”.

El experto independiente instó a los líderes mundiales a aprovechar el momento, y solicitó el establecimiento de niveles sólidos de protección social basados en los principios de derechos humanos, con el objetivo de que sean más eficaces en la erradicación de la pobreza y en la reducción de las desigualdades.

*Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual

 

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