La pandemia de coronavirus planteará muchos retos a Colombia para lograr el Acuerdo de Paz
Paz y seguridad
El Secretario General reconoce los retos que supone el brote del COVID-19 para la implementación del Acuerdo de Paz y fija tres prioridades para concretarlo en 2020. Estas incluyen poner fin a los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, y garantizar que la reincorporación beneficie a todos los excombatientes.
La pandemia de coronavirus COVID-19 planteará muchos retos a Colombia para la implementación del Acuerdo de Paz este año, reconoce el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su informe trimestral más reciente sobre el país sudamericano.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó este martes al Consejo de Seguridad el análisis del periodo del 27 de diciembre de 2019 al 26 de marzo pasado, en el que Guterres destaca el compromiso del Gobierno de asegurar la implementación sostenida de programas relacionados con la paz en el complicado contexto de la emergencia sanitaria.
El informe acoge con beneplácito que las FARC y el Gobierno “hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas” con la población de excombatientes, logrando inscribir al 98% en el sistema nacional de salud.
En su revisión del trimestre pasado, Guterres enfatizó el papel de las autoridades locales y departamentales en la implementación del Acuerdo, resaltando las múltiples expresiones de apoyo y compromiso de los alcaldes y alcaldesas y gobernadores y gobernadoras que asumieron el cargo en enero, 12 de ellos excombatientes y candidatos del partido FARC, tras ser electos en los comicios de 2019.
También hace hincapié en el lanzamiento de la Red Nacional de Autoridades Locales para la Paz, en febrero, y de la hoja de ruta para la protección efectiva de líderes sociales.
Tres prioridades
Para 2020, el Secretario General fija tres prioridades en la implementación integral del Acuerdo de Paz:
- 1. Adoptar todas la medidas necesarias para poner fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes
- 2. Fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del proceso de reincorporación y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los excombatientes
- 3. Asegurar que las comunidades, y en especial las víctimas, sean el centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz
Asesinatos
Durante el periodo en cuestión, la Misión verificó 16 asesinatos de ex integrantes de las FARC-EP, una mujer entre ellos, con lo que suman 190 (tres mujeres) los ex combatientes abatidos desde la firma del Acuerdo de Paz. El 73% de esos crímenes han ocurrido en zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada y existen pobreza, actividades ilícitas y organizaciones delictivas.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y activistas de los derechos humanos entre el 1 de enero y el 24 de marzo. De esa cifra, la Oficina ha verificado 6 casos, de los cuales dos víctimas eran mujeres.
Guterres señaló al respecto que no se deben escatimar esfuerzos para garantizar la protección y seguridad de quienes enfrenan riesgos debido a su actividad de promoción de los derechos humanos, de implementación del Acuerdo de Paz y de defensa de las comunidades, así como de quienes dejaron las armas y están comprometidos con el proceso de paz.
El informe llama a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a adoptar una política para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Exhorta, asimismo a asignar recursos suficientes a la Unidad Nacional de Protección para atender más de 400 solicitudes pendientes de protección. Reconoce también los avances de la Fiscalía en las investigaciones de varios asesinatos de ex combatientes y pide apoyo para procesar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
Reincorporación
El Secretario General se refirió a la aprobación en diciembre pasado de la Ruta de Reincorporación acordada entre las partes, que establece el marco para la reincorporación socioeconómica a largo plazo y alienta a las partes a mantener el trabajo conjunto con un espíritu de diálogo constructivo durante su implementación.
Afirmó que el acceso a la tierra tanto para los antiguos espacios territoriales como para los proyectos productivos es fundamental para que los excombatientes y sus familias desarrollen sus proyectos de vida de la mano de las comunidades locales.
Destacó 49 proyectos colectivos y 1225 proyectos individuales aprobados que benefician a más de 3500 excombatientes, 27% de los ex integrantes de las FARC-EP acreditados.
No obstante estos avances, el informe da cuenta de más de 9400 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, la mayoría con acceso limitado a tierras, vivienda, educación, oportunidades productivas, servicios de salud y seguridad.
En este sentido, Guterres recordó que el proceso de reincorporación “sólo tendrá éxito si todos y cada uno de los excombatientes que siguen comprometidos con el proceso de paz reciben oportunidades, protección y seguridad, independientemente del lugar donde vivan”.
Víctimas y comunidades
“A largo plazo, el éxito del Acuerdo de Paz será determinado por la medida en la que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz”, aseveró el Secretario General.
El informe considera que la puesta en marcha el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios ayudaría a mejorar la grave situación de la seguridad de las comunidades en zonas rurales del país.
Del mismo modo, aboga por el progreso sostenido de la reforma rural integral con participación social y coordinación efectiva con otros programas.
En este apartado, Guterres reiteró la necesidad de una presencia sostenida e integrada de las instituciones del Estado como el medio más eficaz para garantizar la paz y la estabilidad en los territorios, y advirtió que ésta no se debe reducir aun cuando se decida trasladar por motivos de seguridad a ciertos colectivos. Al contrario, la presencia de las instituciones del Estado debe fortalecerse para garantizar la protección de las comunidades en esas zonas, advirtió.
Para concluir, el informe subraya que en todos los ámbitos de la implementación del Acuerdo de Paz se debe prestar atención especial a las necesidades específicas de las mujeres, los niños y las niñas, las comunidades étnicas y los jóvenes.