La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes busca proteger a los jóvenes de entre 15 y 24 años sobre el preocupante consumo de drogas y la necesidad de mejorar las estrategias de prevención y tratamiento basadas en la evidencia.
El nuevo informe del organismo internacional destaca que los efectos de las sustancias psicoactivas en los jóvenes son diferentes y tienen mayor impacto que en los adultos, ya que, a causa de su desarrollo fisiológico, social y emocional, son especialmente vulnerables a los efectos a largo plazo del consumo de esas sustancias.
"Numerosos factores, como la personalidad, las ideas erróneas, la aprobación social, la disponibilidad y el desconocimiento, se vinculan a los riesgos que entrañan las sustancias para los niños y adolescentes cuando las consumen por primera vez", asegura el informe.
Así, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó en 2016 que, tras analizar los datos en 130 países, el consumo de cannabis afectaba al 5,6 % de los jóvenes de 15 y 16 años, es decir unos 3,8 millones de personas.
Aunque las tasas varían de una región a otra, indicó que son más elevadas en Europa, con un 13,9 %, y en las Américas que alcanzaron un 11,6 %.
El recorrido de las drogas
El informe de la Junta hace referencia a estudios que indican la correlación entre el inicio del consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los 16 y 19 años y la posibilidad de consumir opiáceos y cocaína como adulto.
Los adolescentes se inician en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis al percibirlo como un comportamiento positivo.
Del mismo modo, destaca que los adolescentes se inician en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis al percibirlo como un comportamiento positivo que goza de aceptación social o que se ha "normalizado" y ante el desconocimiento que comporta su uso.
Sin embargo, Luis Alberto Otárola, miembro de la Junta de la Junta, también conocida por sus siglas JIFE, indicó que el problema en América Latina no es básicamente el consumo.
"Existe una media de incidencia que va entre 2,5 y 7,5%. El único vector que es un poco anómalo en América Latina es el consumo del cannabis en Chile, pero lo que existe en el contexto de la región es que no hay programas integrales de los Estados para incorporar a las políticas públicas el problema de los jóvenes y las drogas".
Al mismo tiempo, alertó sobre la vulnerabilidad de los jóvenes ante el cannabis.
"El otro problema que tenemos en américa Latina es la producción de cannabis en Paraguay y los problemas que tienen los tres países de la región andina: Colombia, Perú y Bolivia sobre la producción de cocaína", destacó.
En América Latina, no hay programas integrales de los Estados para incorporar a las políticas públicas el problema de los jóvenes y las drogas.
Pese a la incontestable eficacia de los programas escolares de prevención, la Junta destaca que las medidas preventivas para niños y adolescentes han de producirse mucho antes de la edad del inicio de consumo y que han de ser de amplio alcance incluyendo a las familias, la comunidad, los medios de comunicación y las redes sociales.
El papel de los Gobiernos
La JIFE insta a los Gobiernos a elaborar estrategias contra la droga y marcos de salud pública nacionales e invertir en sistemas amplios de recopilación de datos epidemiológicos y presentación de informes para vigilar las tendencias del consumo de sustancias psicoactivas por los jóvenes.
"Las intervenciones deberían adaptarse a cada situación concreta y emplear herramientas con base empírica en mayor medida y de manera sistemática, ayudar a los profesionales y encargados de formular políticas a adquirir más conocimientos, aptitudes y competencias y reunir una masa crítica de verdaderos especialistas en prevención y tratamiento que sean capaces de promover el desarrollo saludable y sin riesgos de los niños, los jóvenes, las familias y las comunidades mediante servicios eficaces de prevención del consumo de sustancias y tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias", concluye el informe.
Derechos humanos y estrategias contra las drogas
Asimismo, la JIFE observa con gran preocupación las constantes denuncias de graves violaciones de esos derechos perpetradas en nombre de la lucha contra la droga y recuerda a todos los Estados partes que los tres tratados de fiscalización internacional de drogas deberían interpretarse dentro del marco internacional de los derechos humanos como indica su experto.
"Hay una parte en nuestro informe que se refiere a los derechos humanos en el que alertamos la propensión de algunos Estados para aplicar medidas tan dramáticas como la pena de muerte, con la que la JIFE no está de acuerdo, sino que creemos atentan contra el espíritu y la letra de los tratados internacionales del control de drogas", recalcó Otárola.
Algunas de las recomendaciones a los Gobiernos son
- Elaborar sistemas nacionales de recopilación de datos sobre el consumo de drogas.
- Crear aptitud en el ámbito de la prevención y el tratamiento del consumo de drogas.
- Poner en marcha programas de prevención dirigidos a los jóvenes que incluyan una amplia variedad de intervenciones en la familia, la escuela y la comunidad.
- Fomentar la detección y las intervenciones tempranas
- Empezar programas de prevención multisectoriales que traten no solo el consumo de drogas, sino también otros comportamientos problemáticos
- Iniciar intervenciones específicas para evitar el progreso del consumo y la aparición de trastornos por consumo de sustancias
- Para enfrentarse a la delincuencia relacionada con las drogas, los Estados deben seguir rigiéndose por el principio de proporcionalidad para definir y aplicar sanciones penales.
- La Junta reitera que la ratificación universal de los tratados de fiscalización internacional de drogas es indispensable para fortalecer el marco jurídico internacional de fiscalización de drogas y evitar que los traficantes conviertan a los Estados no partes en blanco de sus actividades.
- Insta a todos los Estados que aún no se hayan hecho partes en uno o más de esos instrumentos a que lo hagan cuanto antes y a que adopten las medidas necesarias para incorporarlos plenamente en sus ordenamientos jurídicos nacionales.
