Los defensores de los derechos humanos en Perú continúan en peligro, asegura relator

Tras visitar el país, un experto independiente señala que la creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de verse afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas.

Es necesario abordar con urgencia en todo Perú la creciente criminalización y estigmatización de los defensores de los derechos humanos y de las comunidades locales, afirmó este lunes el relator especial* de la ONU encargado de supervisar en todo el mundo la situación de estos activistas, tras una vista de dos semanas de duración al país andino.

Pese a los encomiables esfuerzos del Gobierno por proteger a los defensores de las garantías fundamentales, Michel Forst destacó que observó que los patrones de amenazas y ataques en su contra se repiten en los departamentos de Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios.

"Sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales", dijo el experto después de reunirse con unas 450 defensoras y defensores de derechos humanos de varias regiones, de los cuales el 40% eran mujeres.

No obstante, Forst aplaudió “la adopción del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, las medidas adoptadas para ratificar el Acuerdo de Escazú y el Plan Nacional de Derechos Humanos”, y alentó al Gobierno a asignarles los recursos humanos y financieros adecuados.

Ejercer una profesión de riesgo

A pesar de ello, destacó los peligros continuos a los que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos, especialmente los encargados de los recursos naturales, las tierras y los derechos de los pueblos indígenas.

"La creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de verse afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas. Las defensoras de derechos humanos, que abogan por los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI también enfrentan ataques de grupos conservadores y religiosos. Los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques", explicó.

Forst señaló que los defensores de las garantías fundamentales en Perú reciben una retahíla de descalificaciones por parte de diferentes sectores sociales, tales como "terroristas", "feminazis", "criminales" o "antidesarrollo".

Incomprensión de quiénes son

"Me preocupa que los funcionarios del Estado, las empresas privadas y los medios de comunicación no entiendan realmente quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos. Debe reconocerse el papel vital de quienes defienden los derechos humanos y con ello contribuyen a la sociedad", apuntó.

El experto añadió que "en las zonas rurales, los conflictos sociales y ambientales están intrínsecamente vinculados a patrones sistémicos de discriminación y a modelos de explotación de recursos naturales no sostenibles, a costa de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente".

Durante su último día en Perú, el relator especial entregó una Declaración de Fin de Misión con una serie de recomendaciones para las autoridades peruanas y otros actores que buscan mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos.

Según Forst, el Gobierno de Perú debería adoptar las siguientes medidas:

• reducir el riesgo que enfrentan los de los derechos humanos en los conflictos sociales:
  • garantizando el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas de acuerdo con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y los procesos de consultas significativas para garantizar la protección y el respeto de los derechos de estos grupos autóctono, según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT
  • asegurando el reconocimiento legal de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas mediante el otorgamiento y registro de los títulos de propiedad de la tierra
  • aumentando los esfuerzos para reparar las consecuencias de la contaminación
• poner fin a la criminalización imperante de los defensores
• implementar una campaña a nivel estatal para promover un cambio en el discurso, que presente a los defensores de derechos humanos, incluyendo las mujeres, como actores clave para el bienestar general y agentes de cambio
• asegurar la participación pública activa de las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y protocolos que les afectan o afectan a sus comunidades
• fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida
• aumentar el presupuesto y los recursos humanos de la Defensoría del Pueblo para incrementar su presencia a nivel regional y local y así ejercer plenamente su nuevo mandato como Mecanismo Nacional de Prevención en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
• modificar las leyes y prácticas pertinentes que permiten declarar estados de emergencia cuando existen conflictos sociales y la privatización de los servicios de seguridad policial que benefician a las empresas privadas, de conformidad con las normas de derechos humanos.
• combatir la impunidad garantizando investigaciones rápidas y eficaces para enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos, incluyendo las fuerzas del orden

El equipo de las Naciones Unidas en el país debería promover el trabajo de los activistas y garantizar que puedan acceder de manera segura y fácil a la Organización.

La comunidad internacional debería hacer mayores esfuerzos para acceder a la amplia comunidad de defensores, también en zonas remotas, con recursos y apoyos, que incluyan el monitoreo de juicios.

Las empresas privadas deberían demostrar su compromiso con los derechos humanos y quienes los defiende adhiriéndose a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

También deberían garantizar consultas significativas con las comunidades afectadas por sus operaciones y establecer o reforzar los mecanismos de presentación de quejas y reclamos eficaces.

Además, las compañías privadas deberían abstenerse de estigmatizar y criminalizar a los defensores y defensoras.

Del mismo modo, propuso al Estado peruano siete principios para guiarle en la elaboración de políticas y estrategias para proteger a los defensores de los derechos humanos:

1. Adoptar un enfoque de protección, que permita a los activistas conocer y reclamar sus derechos y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacer respetar, proteger y cumplir los derechos.
2. Reconocer la diversidad de los defensores de los derechos humanos, que provienen de diferentes grupos étnicos, orígenes, culturas, sistemas de creencias y tienen identidades de género diversas. Es posible que en un principio no se identifiquen a sí mismas ni sean identificadas por otros como personas defensoras.
3. Reconocer la importancia del enfoque de género en la protección de los defensores y defensoras y aplicar un enfoque intersectorial a la evaluación de los riesgos y al diseño de las iniciativas de protección, y reconocer que algunos de ellos corren un riesgo mayor que otros por quiénes son y lo que hacen.
4. Centrarse en una seguridad holística, que garantice tanto la integridad física, como su seguridad digital y bienestar psicosocial.
5. Reconocer la interconexión entre los defensores de los derechos humanos y extender las estrategias de protección no solo a los individuos sino a los grupos, organizaciones, comunidades y familiares que comparten sus riesgos.
6. Incluir a los propios activistas en la elaboración, elección, aplicación y evaluación de estrategias y tácticas para su protección. La participación de las defensoras y defensores es un factor clave para su seguridad.
7. Tener en cuenta que la protección debe ser flexible, adaptable y ajustada a las necesidades y circunstancias específicas.

*Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.