Los proyectos de desarrollo en Honduras deben respetar los derechos humanos de los afectados

29 Agosto 2019

El Gobierno de Honduras y las empresas nacionales e internacionales tienen la responsabilidad de asegurar a las personas que sus garantías fundamentales serán protegidas cuando se lleven a cabo proyectos que toquen a sus comunidades, subrayó un grupo de expertos de la ONU al concluir una visita oficial al país centroamericano.

El Gobierno de Honduras debe abordar las causas de fondo de los conflictos sociales y la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones para promover una economía justa e inclusiva, comentó un equipo de expertos de la ONU en derechos humanos después de una visita de diez días a ese país.

El Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos y las empresas subrayó que el Gobierno y las empresas tienen que proteger y respetar plenamente los derechos humanos de todas las personas afectadas por proyectos de desarrollo para evitar conflictos.

Según los expertos, la mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala “son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de participación significativa de las comunidades afectadas.

Anita Ramasastry, miembro del Grupo de Trabajo, , señaló al presentar un informe sobre la visita, que “el derecho de las personas y comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones desde una etapa temprana es un requisito básico para crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable. El Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos”.

Por otra parte , los expertos reconocieron el compromiso del Gobierno de implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos  y agregaron que para ajustarse a ese código se necesitan reformas institucionales y jurídicas inmediatas y profundas.

“Es urgente que el Congreso hondureño elabore una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades. La práctica de la socialización de los proyectos no equivale a una consulta significativa”, señaló Ramasastry.

Responsabilidad de las empresas

El Grupo de Trabajo recordó, asimismo, que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso en el contexto de instituciones débiles.

“En los países donde la capacidad o la voluntad de las instituciones del Estado para proteger a las personas de los impactos negativos de las inversiones y las operaciones empresariales es limitada, las empresas deben actuar con sumo cuidado y ejercer la debida diligencia correspondiente para asegurarse de que no causan, contribuyen o se vinculan con abusos a los derechos humanos”, dijo otro miembro del equipo de la ONU, Dante Pesce.

Añadió que con frecuencia, las empresas y los inversionistas se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos. En este sentido, destacó la voluntad de algunas compañías de cambiar este enfoque y mejorar el respeto corporativo por los derechos humanos.

Los derechos de los activistas

Los expertos también manifestaron preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. “El Estado debe actuar ahora para poner fin a los ataques recurrentes, el hostigamiento y la intimidación de los defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, los pueblos indígenas y los representantes de las comunidades que denuncian las violaciones de las garantías fundamentales relacionadas con la actividad empresarial y los proyectos de desarrollo a gran escala”, apuntaron.

El Grupo abogó por la derogación inmediata de las disposiciones del nuevo proyecto de Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y a silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción.

También es esencial garantizar la independencia del sistema judicial para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, enfatizaron los especialistas.

El Grupo de Trabajo presentará un informe final con recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2020.

Los expertos independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo de Derechos Humanos que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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