La ONU denuncia que la represión y las represalias continúan en Nicaragua

29 Agosto 2018

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos documenta las violaciones cometidas desde que comenzaron las protestas en el país y asegura que la represión está forzando a los ciudadanos a huir.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó este miércoles a tomar medidas urgentes para abordar la crisis en Nicaragua, donde “el grado de represión es tan alto” que ha forzado a las personas que participaron en las protestas, o que simplemente tienen opiniones disidentes, a esconderse o salir del país.

Zeid lamenta que “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista” y pide al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional que adopten medidas para evitar que la crisis actual degenere “en disturbios políticos y sociales aún más graves”.

Un informe publicado este miércoles por la Oficina del Alto Comisionado denuncia diversas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua cometidas  entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas en el país centroamericano, hasta el 18 de agosto.

El estudio indica que desde el inicio de la crisis han fallecido 300 personas y 2000 fueron heridas y detalla varias violaciones como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces condujo a ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos, y las violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.

También señala que militantes del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular, de la Policía Nacional), fueron agredidos y que fallecieron 22 agentes de policía. “El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”.  Además detalla que es preciso investigar estos abusos, "que no legitiman en modo alguno una respuesta del Estado que no se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos".

Igualmente, destaca la presencia de elementos armados progubenamentales durante las protestas que “actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada”.

El estudio subraya que las autoridades nicaragüenses no desmienten la existencia de los elementos armados, pero sí “aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”.

Tras la represión de las protestas, la tercera fase de la crisis, todavía en curso, ha consistido en la persecución y penalización de los manifestantes y otras personas consideradas opositoras al Gobierno.

El estudio describe un grado de represión “tan alto” que ha forzado a algunos de los ciudadanos que participaron en las protestas o defendieron a los manifestantes a esconderse o abandonar el país.

De acuerdo con la información que maneja la Oficina, hasta el 18 de agosto por lo menos 300 personas fueron imputadas “con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado”. Durante estos procesos “no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales”, indica el informe.

El Alto Comisionado pidió que finalice de inmediato el acoso, la intimidación y la criminalización en relación con la participación en las protestas y que se desarticule inmediatamente a los elementos armados progubernamentales.

Réplica de Nicaragua al informe

Por su parte, las autoridades nicaragüenses emitieron una serie de consideraciones en las que indican que el título del informe “prejuzga la actuación del Estado al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas”.

Destaca que el concepto de protestas recogido en el informe “fue un intento de Golpe de Estado pretendiendo romper el orden constitucional” y lo desestima “porque éste va más allá del alcance de la visita para la cual fue invitada” la Oficina del Alto comisionado.