Una refugiada hondureña junto a su pequeña de cuatro meses en un albergue de México. La ola de refugiados y niños migrantes desde Centroamérica a Estados Unidos no para, a pesar de los peligros del viaje.

Relator de la ONU pide visitar los centros de detención de niños migrantes en Estados Unidos

UNICEF/Adriana Zehbrauskas
Una refugiada hondureña junto a su pequeña de cuatro meses en un albergue de México. La ola de refugiados y niños migrantes desde Centroamérica a Estados Unidos no para, a pesar de los peligros del viaje.

Relator de la ONU pide visitar los centros de detención de niños migrantes en Estados Unidos

Migrantes y refugiados

Felipe González Morales recuerda que la ONU ha señalado en numerosas ocasiones que se viola el derecho internacional al detener a menores por razones migratorias. En su opinión, la inmigración ilegal nunca debería ser considerada un delito y la detención solo puede plantearse solo como un último recurso en el caso de los adultos y nunca para los niños.  

El relator especial para los derechos de los migrantes*, Felipe González Morales*, ha pedido al Gobierno de Estados Unidos visitar el país para comprobar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos.

 “Espero una respuesta positiva y poder ver tanto la situación de los niños detenidos, como en general de los migrantes, publicar un informe al respecto e informar al Consejo de Derechos Humanos”, explica en una entrevista con Noticias ONU.

González considera “muy grave” la separación de los niños de sus familias. “Organismos de Naciones Unidas y regionales han señalado en muchas ocasiones que se viola el derecho internacional cuando se practica la detención de niños y niñas por razones migratorias”, explica y además “no produce el efecto disuasorio que el Estado quiere que tenga”

Alrededor de 3000 menores fueron separados de sus padres desde que el pasado mes de abril, el Gobierno de Estados Unidos decidiera adoptar una política de “tolerancia cero” contra las personas que entraban al país de forma ilegal por la frontera de México. La medida fue suspendida a mediados del pasado mes de junio.

No se justifica la detención de niños por razones migratorias”, dice González.  “Son personas que no han cometido ningún delito y a las cuales se encarcela”. El relator usa ese término intencionadamente. “Es la palabra que hay que usar. Se usan otras, aseguramiento, hospedaje, alojamiento, pero hay una privación de libertad, una detención”.

En un comunicado publicado junto a otros expertos en derechos humanos, se asegura que la detención “es una clara violación de los derechos de los niños y causa un daño irreparable que puede equivaler a torturas”.

González visitó centros de detención de menores en Estados Unidos en su etapa como relator en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y antes de que, en 2009, se terminara con esta práctica que luego se recuperó en 2013.

“Son realmente muy parecidos a las cárceles donde están los adultos”, explica. “Quedan lejos de las ciudades, con lo que se limita la provisión de servicios legales y dificulta que los cónsules puedan visitar a los niños y comprobar las condiciones”.

Los inmigrantes no son delincuentes

Para el relator, la inmigración ilegal nunca debería ser considerada un delito y la detención solo puede plantearse solo como un último recurso en el caso de los adultos y nunca para los niños.

Un juez federal estadounidense determinó a finales del mes pasado que la Administración debía reunificar a las familias y dio 14 días de plazo para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años y 30 días para aquellos que sean mayores de esa edad.

Cuando se cumplió el plazo, a las 00.01 hora local de la noche del martes al miércoles, 38 de los 102 niños menores de cinco años habían sido entregados a sus padres. Según informaciones de prensa, las autoridades no han entregado a los 64 restantes debido a la imposibilidad comprobar la relación de parentesco a tiempo. “Estados Unidos tiene que solucionar cada uno de los casos. La situación es sumamente grave”, señala el relator.

 

Huyendo de la violencia

La mayoría de estas familias provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indican que un 58% de los niños centroamericanos que llegan a Estados Unidos están huyendo por miedo a ser reclutados en grupos armados o a ser víctimas de extorsión, violencia y amenazas de muerte contra ellos y sus familias.

 “Muchas de estas personas podrían calificar como solicitantes de asilo”, explica González, que añade que hay otras fórmulas de protección internacional para los que no entraran en esa categoría. El principio de no devolución, por el que no se puede enviar a una persona a su país o a un tercero si va a estar en peligro, “aparece de forma explícita en la Convención contra la Tortura que Estados Unidos ratificó hace varias décadas”.

El relator también ve problemático el tratamiento judicial a los indocumentados.

En Estados Unidos, explica, muchos inmigrantes solo tienen acceso a jueces migratorios, que no pertenecen al poder judicial, sino que dependen del Fiscal General, que es parte del ejecutivo, con lo que “no tienen el mismo grado de independencia”.

Algunos casos llegan al sistema judicial, pero es “una tarea trabajosa”, sobre todo si se carece de representación de un abogado. Las cifras que maneja González indican que un solicitante de asilo tiene tres veces más probabilidades de conseguirlo si tiene un abogado. Muchos menores comparecen solos frente a las cortes de inmigración, algo que no es nuevo, pero sí lo es que los convocados a las audiencias sean niños de tan corta edad como uno, dos o tres años.

La mayoría de los padres de estos niños serán liberados en Estados Unidos, aunque algunos ya han sido deportados. Es probable que se les pida a los adultos portar tobilleras de rastreo mientras sus casos son revisados por un tribunal, un proceso que puede durar años en los que permanecerán indocumentados.

“La única manera de hacerse cargo de la situación de manera apropiada es mediante un proceso de regularización. Lo otro es taparse los ojos con las manos”, asegura el relator.

Pacto Mundial sobre Migración

La regularización de los indocumentados es uno de los puntos en el espíritu del Pacto Mundial sobre Migración, que se ultima esta semana en la ONU.  Con la excepción de Estados Unidos, todos los Estados miembros de Naciones Unidas participan en este proceso, que es el primer gran intento de gestionar los flujos migratorios a escala internacional.

El Pacto, que no es vinculante, se adoptará por aclamación y no será necesario que cada Estado lo lleve al Congreso para ratificarlo. “El día de mañana Estados Unidos se podría adherir a él de manera informal. Estados Unidos no queda excluido para siempre del Pacto Mundial”, explica González.

 

*Felipe González Morales es el relator especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas.

*Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Más información aquí.

Entrevista: Beatriz Barral