El aborto no debería ser un delito en el estado mexicano de Veracruz, sino un tema de salud

La violencia obstétrica es un fenómeno generalizado en los centros de salud durante la atención del parto.
UNICEF/Pirozzi
La violencia obstétrica es un fenómeno generalizado en los centros de salud durante la atención del parto.

El aborto no debería ser un delito en el estado mexicano de Veracruz, sino un tema de salud

Derechos humanos

Varias entidades de Naciones Unidas piden al congreso de ese estado mexicano que legisle para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo.

La Oficina del Alto Comisionado para la ONU para los Derechos Humanos, ONU Mujeres y el Fondo de Población han aplaudido la sentencia emitida por un juez  mexicano que obliga al Congreso del estado de Veracruz a reformar varios artículos del Código Penal que penalizan el aborto como delito.

El 13 de diciembre de 2017, se decretó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que ordena al Poder Legislativo a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes del 31 de julio de 2018.

Sin embargo, el Congreso aún no ha llevado a cabo los cambios para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal.

La sentencia establece que la omisión del Congreso ha significado una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como un atentado a su dignidad, a su derecho a no ser discriminadas y al desarrollo de su personalidad.

Las entidades de Naciones Unidas reconocieron un avance en la lucha gracias al Poder Judicial de la Federación, así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

“ONU-Derechos Humanos, ONU Mujeres y el Fondo de Población llaman al estado de Veracruz a cumplir con prontitud y a cabalidad con la sentencia y ofrecen la asistencia técnica que fuera pertinente”, expresaron en un comunicado publicado el lunes.

El pasado 6 de julio, México fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, revisión de la cual se derivarán recomendaciones al Estado para garantizar en todo el país el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en relación con los derechos de las mujeres.