Cachemira no es un conflicto congelado en el tiempo

14 Junio 2018

La población de la línea divisoria entre la India y Pakistán en Cachemira ha sufrido graves atropellos a sus garantías fundamentales durante siete décadas a manos de las fuerzas de seguridad, que han arruinado vidas impunemente y sigue haciéndolo, afirmó hoy el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En el primer informe de su Oficina sobre ese territorio, Zeid Ra’ad Al Hussein urgió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -que iniciará su próximo periodo de sesiones el lunes- a crear una comisión que investigue dichos abusos, cometidos en el marco de la disputa por ese territorio.

Según Zeid, la naturaleza política del conflicto ha ocultado el sufrimiento de millones de personas.

“Las dimensiones políticas de la contienda entre la India y Pakistán han sido el foco de atención durante mucho tiempo, pero éste no es un conflicto congelado en el tiempo. Es un conflicto que ha privado a millones de personas de sus derechos básicos y continúa hasta hoy causando un sufrimiento incalculable”, advirtió.

Poderes especiales

Explicó que la “impunidad crónica” de la que gozan las fuerzas de seguridad de Jammu y Cachemira emana, en gran parte, de dos leyes, una de las cuales data de 1980 y les otorga poderes especiales, que “obstruyen el curso normal de la ley, impiden la rendición de cuentas y ponen el riesgo el derecho de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Las normativas conceden una “inmunidad virtual” al personal de seguridad al estipular que sólo se les puede procesar judicialmente con la autorización expresa del Gobierno de la India. Consecuentemente, no ha habido ningún juicio en los 28 años desde la promulgación de la ley.

Uso excesivo de la fuerza

El informe se centra en las denuncias de uso excesivo de la fuerza de los militares del estado indio de Jammu y Cachemira, pero examina también una serie de violaciones del lado paquistaní.

Habla, asimismo, de las manifestaciones que tuvieron lugar hace dos años en la parte india luego de que las fuerzas de seguridad liquidaran al líder de un grupo armado, y da cuenta de 145 civiles muertos entre mediados de 2016 y abril de este año.

Además, cita desapariciones forzadas, fosas clandestinas y la violación masiva de 23 mujeres por los militares hace casi 30 años en la localidad de Kunan-Poshpora.

Con respecto al lado administrado por Pakistán, reporta transgresiones de “diverso calibre y magnitud”, destacando las restricciones a la libertad de expresión y de asamblea y, sobre todo, la laxa definición de terrorismo, que ha permitido la detención de cientos de personas sólo en la localidad de Gilgit-Baltistán.

El Alto Comisionado consideró que cualquier resolución a la situación política en Cachemira debe conllevar un compromiso que ponga fin a los ciclos de violencia y que garantice la rendición de cuentas de todas las partes por los abusos cometidos en el pasado y en la actualidad.

El informe fue elaborado sin visitar la región debido a la negativa de ambos Gobiernos a permitir la entrada de los expertos en derechos humanos.