Existen claras indicaciones de que la policía empleó un uso excesivo de la fuerza en Nicaragua

Las muertes de manifestantes podrían constituir “ejecuciones ilegales”, según un grupo de expertos de la ONU, que pidieron que se abran las correspondientes investigaciones y que el Gobierno cree un espacio para que la sociedad nicaragüense se exprese libremente.

Un grupo de expertos* de las Naciones Unidas en derechos humanos ha mostrado su repulsa a la violenta actuación de las fuerzas de seguridad nicaragüenses durante las protestas contra la reforma de la seguridad social anunciada por el presidente, Daniel Ortega, el pasado 18 de abril.

Desde esa fecha, han fallecido por lo menos 30 personas, mayoritariamente estudiantes universitarios, un periodista y dos policías, decenas de personas han resultado heridas o detenidas y un número por especificar han desaparecido.

"El alto número de muertes de manifestantes es una clara indicación de que se empleó un uso excesivo de la fuerza, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo requieren las leyes y normas internacionales para hacer legal el uso de la fuerza", señalaron los relatores especiales de las Naciones Unidas.

De confirmarse estos actos, añadieron, los fallecimientos tendrían que ser considerados "como ejecuciones ilegales incurriendo el Estado en responsabilidad por actos contrarios al Derecho Internacional”.

Los expertos indicaron que el uso de la violencia no es el camino adecuado para responder a las demandas políticas y sociales de la población.

Derecho a la libertad de expresión

Asimismo, expresaron su repulsa a las campañas de desprestigio contra los defensores de derechos humanos, los ataques contra periodistas que cubrían los eventos y la orden de bloqueo de varios canales de televisión.

"Recordamos que los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica son la piedra angular de las sociedades democráticas, sin las cuales no puede haber una solución pacífica y duradera a los conflictos", declararon.

Los relatores solicitaron al Gobierno nicaragüense espacio suficiente para que la sociedad se exprese libremente, siguiendo los procedimientos del derecho internacional, con el fin de establecer los cimientos de un dialogo constructivo con todas las partes interesadas.  

Ademáas, pidieron que se abran las correspondientes investigaciones para llevar a los responsables de las muertes ante la justicia.

 

 Los expertos* de la Oficina de Derechos Humanos fueron:  Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo.