ACNUR lamenta la deportación de 82 venezolanos desde Trinidad y Tobago

23 Abril 2018

La Agencia de la ONU para los Refugiados había pedido entrevistar a los venezolanos, pero fueron expulsados antes de que pudiera acceder a ellos.  La ONU está en contacto con las autoridades del país para esclarecer los motivos de la expulsión.

La Agencia de la ONU para los Refugiados lamenta que Trinidad y Tobado haya deportado a 82 venezolanos detenidos por las autoridades tras su llegada al país.

"El retorno forzado de este grupo de venezolanos es de gran preocupación", dijo Volker Türk, un alto representante de la Agencia, en un comunicado, donde recordó que las repatriaciones forzosas son una violación de la ley internacional.

ACNUR está en contacto con las autoridades del país y ha pedido que aclaren el proceso legal que ha llevado a la deportación de este grupo, para asegurarse de que Trinidad y Tobago continúa cumpliendo sus obligaciones internacionales. Los venezolanos fueron deportados antes de que ACNUR tuviera oportunidad de entrevistarlos, a pesar de que lo habían solicitado. 

Türk recordó a Trinidad y Tobago que, al haber firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el país está obligado a no devolver a una persona a un lugar donde su libertad, su vida o su integridad física pudiera correr peligro, sin que se tenga en cuenta la forma en la que entraron en su territorio. 

Las solicitudes de asilo se disparan

La Agencia de la ONU para los Refugiados informó, este mes de marzo, de que el número de venezolanos solicitantes de asilo en todo el mundo ha aumentado un 2000 % desde el año 2014. La mayor parte de las solicitudes se dieron en 2017 y en países latinoamericanos.

Ante esa situación ACNUR, presentó una guía con directrices para los gobiernos que reciben a  venezolanos y requieren protección internacional y asistencia humanitaria.

En ella, la agencia pide a los Estados receptores que garanticen la entrada a su territorio y faciliten su acceso a la condición de refugiado, alcancen acuerdos de estancia legal, como visados o permisos de residencia temporales, así como otros programas de regularización, y que aseguren el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la reunificación familiar, entre otros.

 

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