Las políticas de ciberseguridad, una amenaza contra la intimidad

7 Marzo 2018

Un nuevo informe señala que los intereses de los Estados en pro de la seguridad pueden perjudicar los derechos humanos y, en particular, el de la privacidad.

El relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, resalta en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos cómo las medidas de ciberseguridad pueden ir en detrimento de este derecho y propone soluciones para hacer frente a la situación.

La privacidad o intimidad permite a las personas disfrutar de sus libertades, desarrollar su personalidad y participar en la vida política, económica, social y cultural de su entorno. Por lo tanto, las decisiones que la menoscaban repercuten directamente en los ciudadanos.

Los países se encuentran cada vez más preocupados ante el hecho de que las nuevas tecnologías y concretamente internet amplifiquen la amenazas a las que se enfrentan y, como consecuencia, tienden a intensificar sus medidas de ciberseguridad. Un claro ejemplo son los Estados que han sufrido ataques terroristas.

A pesar de que los enfoques varían, el documento indica que ninguna de las piezas de legislación respeta las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y, por consiguiente, estas permiten que se infrinjan principios como la confidencialidad o la integridad, entre otros. En este sentido, el relator ha destacado la situación de los ciudadanos que han visto violada su intimidad y no han podido exigir medidas correctivas porque la ley no las contempla.

“Hay casos donde no existen mecanismos nacionales para vigilar las comunicaciones o el uso de internet, e incluso donde los hay, resultan ineficaces y no garantizan suficiente transparencia ni responsabilidad”, señaló el experto.

Proteger a los ciudadanos y garantizar su privacidad

El informe indica que resulta necesario emprender un diálogo para que las políticas de ciberseguridad tengan en cuenta los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas discusiones, celebradas tanto a nivel regional como internacional, deberán incluir a miembros de la sociedad civil, representantes gubernamentales, empresas de Internet y expertos en derecho y seguridad para compartir información, conocer sus intereses y poder cubrir todos los aspectos relevantes.

Hay que actuar para proteger la intimidad en el ciberespacio

El informe tiene como objetivo final elaborar una serie de normas internacionales que permitan a los Estados proteger a sus ciudadanos de las amenazas internas y externas, y que, al mismo tiempo, respeten y velen por sus derechos. “El ciberespacio depende de la voluntad y capacidad de los Estados de trabajar juntos para lograr la sinergia entre la privacidad y la seguridad”, indicó Cannataci.

Según el informe, la Unión Europea se alza como uno de los grandes promotores regionales de esta iniciativa, seguida de África y América Latina que muestran su interés en ver cómo avanza el proceso.