Cuba necesita nueva legislación en contra de la trata de personas, advierte experta de la ONU
Al término de su visita de cinco días a la isla caribeña, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, reconoció la voluntad del gobierno para hacer frente a este flagelo y valoró su fuerte enfoque en materia de prevención.
Sin embargo, agregó que los delitos de carácter sexual deben extenderse a todos los menores de 18 años y que “aunque los casos de trata en el país pueden parecer pocos, el número de procesamientos penales y víctimas asistidas es aún demasiado modesto y demuestra que necesita un enfoque proactivo para detectar el problema”.
Giammarinaro, elogió el Plan Nacional de Acción de Cuba para la prevención y lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas 2017-2020, aprobado justo antes de su llegada y señalo que el verdadero reto será la implementación de sus medidas.
La experta independiente resaltó también que la emigración cubana en condiciones inseguras, especialmente a los Estados Unidos, influye en situaciones que pueden conducir a la trata y recordó que desde finales de 2015 miles de personas han quedado atrapadas sin dinero en países de tránsito como Ecuador, Colombia, Costa Rica y México y están expuestas a la explotación.
Por otro lado, Giammarinaro pidió que se elimine el estigma social que rodea a la prostitución/trabajo sexual y el cierre de los llamados ‘centros de rehabilitación’ donde las mujeres son detenidas a pesar de que la prostitución no es considerado un delito en el país.
“Cualquier temor a ser castigado es un gran obstáculo para que las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual denuncien su situación y el abuso que han sufrido”, subrayó.
Durante su visita, Giammarinaro, se reunió con agencias gubernamentales, funcionarios de la ONU y miembros de organizaciones de la sociedad civil en La Habana, Matanzas y Artemisa.
Los resultados de su visita al país y sus recomendaciones se incluirán en un informe oficial que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018.