Alto Comisionado expresa preocupación por la sentencia a 11 campesinos en el caso de Curuguaty, Paraguay

20 Julio 2016

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó hoy gran preocupación por la reciente sentencia dictada en el caso de una masacre cometida en 2012 en Curuguaty, al noreste de Paraguay.

El Alto Comisionado subrayó que la condena de 11 campesinos luego de un juicio que no habría respetado las garantías procesales es muy inquietante.

Zeid recordó que en los últimos cuatro años varios mecanismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido de graves irregularidades en la investigación, incluidas denuncias de violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa.

El 15 de junio de 2012, 11 campesinos y seis policías murieron durante una incursión policial cerca de una zona conocida como Marina Kue en Curuguaty, donde se encontraba un grupo de 60 manifestantes que ocupaban tierras. En el incidente también resultaron heridas80 personas.

El tribunal de Paraguay dictaminó penas de prisión de entre 18 y 35 años a cuatro de los campesinos juzgados y otros siete recibieron condenas de entre 4 y 6 años de cárcel por cargos de homicidio de los policías y ocupación del inmueble,

Zeid destacó la falta de investigación sobre las muertes de los campesinos en el mismo incidente y de las alegaciones de que algunos de ellos fueron ejecutados sumariamente luego de ser sometidos a tortura y a otras violaciones de derechos humanos.

Recalcó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó en 2013 a Paraguay hacer una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre el caso, teniendo en cuenta las acusaciones de irregularidades del Ministerio Público, el poder judicial y las fuerzas de seguridad sobre la incursión de la policía, así como los informes que apuntan a una falta de imparcialidad e independencia en las pesquisas de los hechos.

El Alto Comisionado instó a las autoridades paraguayas a tomar medidas urgentes para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia, además de permitir investigaciones independientes en todas las presuntas violaciones de derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales.

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