Preocupación ante decisiones del Gobierno interino de Brasil que perjudican la libertad de expresión

David Kaye, relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU.  Foto: ONU/Jean-Marc Ferré
David Kaye, relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU. Foto: ONU/Jean-Marc Ferré

Preocupación ante decisiones del Gobierno interino de Brasil que perjudican la libertad de expresión

Expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron este viernes preocupación por las medidas adoptadas por el actual Gobierno federal interino de Brasil, relacionadas con el cambio de director de la Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC) y la conversión de la Contraloría General de la Unión (CGU) en el ministerio de Transparencia, Fiscalización y Control.

La EBC gerencia los canales públicos de televisión y radio del Gobierno federal.

“Esas medidas son pasos negativos para un país conocido por su sólido compromiso con la libertad de expresión y de opinión”, afirmó el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de esos derechos, David Kaye, y el relator especial interamericano para la libertad de expresión, Edison Lanza.

Este último consideró que en los últimos años, los principales avances alcanzados en Brasil en la promoción del derecho a la información se beneficiaron fuertemente del trabajo de la Contraloría. Según él, fue la institución que promovió la Ley de Acceso a la Información de 2011.

El relator interamericano añadió que por su vínculo directo a la Presidencia de la República, la CGU puede ofrecer una oportunidad de apelación a aquellos que se les ha negado el acceso a la información por parte de ministerios y otras instituciones federales.

Kaye, por su parte, insistió en que las organizaciones que proporcionan el acceso a la información y promueven la rendición de cuentas deben ser protegidas de interferencias políticas.

El comunicado conjunto afirma que según las normas internacionales, los Estados deben asegurarse de que los servicios públicos de radiodifusión tengan un funcionamiento independiente, lo que significa, que deben garantizar su autonomía administrativa y su libertad editorial.